Los organismos represivos que tienen a cargo la prevención de los actos ilícitos en la región Sur, deben revisar los protocolos con que se están manejando sus subalternos. La detención de una ambulancia que viajaba desde San Cristóbal hacia el hospital Robert Reid Cabral y que culminó con el fallecimiento de una pequeñita que trasladaban en condiciones críticas, es una demostración de la forma excesiva en que operan los agentes de esas instancias en esa zona.
Las causas que mueven a esos agentes es la supuesta persecución del narcotráfico y el trasiego de haitianos hacia los grandes centros poblacionales. Obviamente, nadie puede cuestionar que los militares o policías cumplan sus propósitos, pero no debe ser en desmedro de los derechos de los ciudadanos al libre tránsito, y el más valorado de todos, el derecho a la vida.
La muerte de la niñita fue el producto del autoritarismo y el comportamiento opresivo con que actúan. Hay una unidad, aparentemente de la DNCD, que se mueve en la carretera Sánchez, que detiene vehículos y hasta persigue, improvisa chequeos, con espectacularidad. Eso puede terminar en cualquier momento en una tragedia mayor.
Todo eso se une a los múltiples registros ilegales fijos, o improvisados en cualquier punto de la carretera, sin que hasta la fecha presenten resultados valiosos.
Los jefes de la DNCD, de la Policía, o del Ejército, o el Ministerio de las Fuerzas Armadas, deben investigar ese proceder.
Los registros o chequeos deben realizarse en atención a las normas instituidas por la ley, no por caprichos de los guardias y los policías, porque el país no vive en un estado de excepción, sino de Derecho, como establece la Constitución de la República.
Es evidente que el abuso de detener, más que chequear o revisar la ambulancia de la desgracia en la carretera Sánchez, sólo se explica en el estado de arbitrariedad que esos señores han impuesto. Esa actuación se justificaría si disminuyera la inseguridad, que es el problema que más preocupa a los dominicanos.
