El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia declaró extinta la acción penal contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán.La decisión del tribunal también favorece a la esposa del exfuncionario, Reina Margarita Martínez, y a Rafael Antonio Rodríguez Guzmán, hermano de este.
El tribunal, presidido por el juez Felipe Molina e integrado por los magistrados Tania Junes y Gregorio Bautista, en sus motivaciones responsabilizaron al Ministerio Público de que, desde el 6 de junio del 2011, pidieron aplazamiento de las audiencias de fondo que se celebraban contra los implicados en el caso de Bahía de las Águilas.
De su lado, la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que cuentan con “toda la fortaleza” para seguir adelante con el proceso y que recurrirá de nuevo en casación la decisión.
“Estamos hablando de 400 millones de metros cuadrados del territorio nacional y sería una pena, sería muy lamentable de que quedara impune, no podemos seguir con tanta impunidad”, manifestó Reynoso.
Los jueces consideraron que el proceso penal se pasó en ocho meses, el tiempo máximo de duración que es de tres años, sin que intervenga una sentencia y en consecuencia ordenaron el cese de cualquier medida de coerción en contra de los imputados y de cualquier medida que restrinja sus derechos fundamentales.
El pleno del tribunal fue apoderado del expediente por la Suprema Corte de Justicia que le quitó facultad a la presidenta del tribunal, Gissell Méndez, quien había declarado extinguida la acción penal. Según la decisión, los imputados no provocaron ninguna acción que se pueda considerar dilatoria del proceso, por lo que señalaron que conforme a la SCJ, el cómputo del tiempo de duración realizado no puede perjudicarlos.
Octava Sala sigue juicio contra otros implicados
Para el próximo lunes la jueza Alba Luisa Beard, de la Octava sala del Tribunal de Tierra, continuará la audiencia contra otros implicados en el caso Bahía de las Águilas, el cual se conoce al fondo 17 años después del sometimiento por la distribución de los terrenos.
El pasado jueves, el Estado pidió la nulidad de los títulos y explicó cómo se realizó el alegado fraude.
