Desde el año 1971, cuando el presidente de la República, Joaquín Balaguer, promulgó la Ley 123-71, se entendía que se solucionaría el grave problema de las extracciones de agregados en los cauces activos de los ríos de la República Dominicana, sin embargo, la realidad es que el tiempo fue pasando y el problema se fue agravando porque cada día fueron más y más los ríos atacados en sus cauces activos, a veces en horas de la noche y de la madrugada, por comerciantes que siempre han visto en las gravas y arenas limpias, depositadas en los cauces de los ríos, un regalo de gran valor que Dios ha enviado desde la cuenca alta para explotarlo en la cuenca media y en la cuenca baja, sin ningún criterio ni ordenamiento, para garantizarles su fácil enriquecimiento.
Todos recordamos la gran crisis que se produjo en el mes de abril del año 2000 cuando la ciudad de San Cristóbal fue paralizada en protesta por las extracciones indiscriminadas de agregados en los ríos Nigua, Nizao y Yubazo, lo cual motivó que el presidente de la República, Leonel Fernández, se reuniera de urgencia con los productores de agregados, quienes le comunicaron que si se paralizaban las extracciones de gravas y arenas en esos ríos, se paralizaría la industria de la construcción, la cual aportaba alrededor del 16% de producto interno bruto, y como eso asusta a cualquier presidente de la República, entonces el presidente Fernández convocó a la Academia de Ciencias a otra reunión de urgencia, a la cual asistimos en compañía del presidente de esa Academia, el Dr. Mario Bonetti, y allí entregamos al presidente Fernández un amplio listado de “canteras secas” distribuidas en todo el país, la cual fue asumida por el Gobierno como la mejor solución al grave problema por el cual atravesaba en esos momentos todo el sector construcción.
Desde entonces las canteras secas comenzaron a ser desarrolladas en los paleocauces de los ríos, en las terrazas fluviales de los actuales ríos, y en los abanicos aluviales de pie de montaña, siempre por encima del nivel freático, así como en las zonas de rocas calizas, de rocas basálticas y de lutitas, convirtiéndose en la opción preferida de la comunidad ambiental y de la gente en general, por ser la mejor forma de obtener agregados sin deteriorar un actual cauce fluvial, actividad que desde ese entonces sugerimos fuera complementada incluyendo extracciones de agregados en las colas de los embalses de las represas, con lo cual se obtendría un doble beneficio, pues por un lado se limpian las colas de los embalses removiendo una gran cantidad de los sedimentos que llegan a esos lugares transportados por las corrientes fluviales, lo cual aumenta la capacidad de almacenamiento de agua en los embalses, y por el otro lado se obtienen los agregados de buena calidad que requiere la sociedad.
Pero en la medida en que las comunidades se han ido empoderando y han estado denunciando las explotaciones irracionales de agregados sedimentados en cauces activos, en esa misma medida algunas autoridades se las fueron ingeniando para buscar justificaciones para continuar extrayendo gravas y arenas de los ríos, y muchas veces hemos visto que han otorgado permisos para “canalizar” diferentes tramos de diferentes ríos, pero en la mayoría de los casos se ha tratado de canalizaciones exclusivamente comerciales, y no canalizaciones hidráulicas y ambientales, pues las empresas autorizadas para ejecutar esas canalizaciones siempre se emplazan en los tramos donde pueden extraer gravas y arenas que tienen altos precios en el mercado, pero nunca canalizan los ríos en los tramos donde las arcillas y limos se han acumulado porque esos materiales finos no tienen mercado.
Ahora, el nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha dado a conocer su disposición de paralizar las extracciones de agregados en los cauces activos de los ríos para disminuir los daños en dichos cauces y en las cuencas hidrográficas, y así volver a dar paso a las canteras secas y a las extracciones de agregados en las colas de los embalses de las represas, todo lo cual debe ser aplicado con el mayor rigor posible, pues en la República Dominicana las medidas ambientales terminan siendo transitorias y muy circunstanciales, porque muchas veces el poder político y el poder económico se suman para imponerse sobre las regulaciones ambientales, y terminan produciendo los peores daños sociales.
Esperamos que esta vez la medida de paralizar las extracciones de agregados a partir de cauces activos de ríos sea definitiva, y que toda empresa interesada en extraer y comercializar agregados lo haga desde terrazas fluviales, desde paleocauces, desde abanicos aluviales, desde canteras de rocas, o desde colas de embalses de represas, extracciones que siempre deberán estar acompañadas de un adecuado programa de recuperación y readecuación de la zona sometida a explotación, de forma tal que al final de la extracción industrial no metálica la zona quede acondicionada para el aprovechamiento agrícola, o para el aprovechamiento forestal, o quede convertida en un parque ecológico regional digno de visitar y disfrutar, lo cual cambiaría la mala impresión que produce en la población la pésima forma de explotación de agregados para la construcción. l
