La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) fijó para el jueves 15 el fallo del recurso de amparo incoado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en contra de varias instituciones del Estado.
El tribunal, integrado por Diomedes Villalona, quien lo preside, Alina Mora y Evelyn Torres, fallará sobre si acoge o no el recurso de amparo en contra de varias instituciones del Estado y que busca eliminar el monopolio en el transporte de carga. El jueves solo se leerá el dispositivo de la decisión. La sentencia íntegra será notificada vía secretaría.
El juez presidente del tribunal anunció que para esa fecha también serán fallados algunos incidentes presentados durante la audiencia tanto por los empresarios como por los intervinientes voluntarios y forzosos. Los intervinientes forzosos pidieron su exclusión del recurso de amparo.
El tribunal también rechazó la solicitud de un plazo adicional de cinco días para producir escritos de conclusiones.
Cinco ministerios y otras dos instituciones estatales solicitaron ayer a la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que rechace el recurso de amparo que interpuso el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través del cual solicita “acabar con el monopolio de transporte”.
Durante la audiencia, a la que asistieron al menos 70 abogados en representación de las instituciones demandadas y de los intervinientes voluntarios, juristas del Ministerio de Industria y Comercio aseguraron que el Conep no debió solicitar un amparo porque hay otras vías más idóneas.
La Oficina Técnica del Transporte Terrestre, solicitó la inadmisibilidad del recurso, tras asegurar que el amparo del Conep es un expediente “abundante que dice muchas cosas, y que no prueba nada”.
Amparo busca garantizar libertad del transporte
El abogado del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Jorge Prats, destacó que más de 90 empresas están solicitando, a través de un amparo, liberalizar el sector transporte en el país, garantizando las libertades de empresa, contratación, competencia y tránsito. Agregó, que sólo la aplicación de la ley podrá otorgar seguridad jurídica al país y garantías a sus ciudadanos.
