Bajo el alegato de la poca institucionalidad que prevalece en el país, los pro vida han argumentado que una pequeña brecha al aborto masificaría la práctica.Pero para Sergia Galván, del Colectivo Mujer y Salud, las iglesias están manteniendo una doble moral, cuando piden no abortar “y expulsan a las niñas de los colegios cuando están embarazadas”.
La propuesta de las feministas es tal cual lo propone el Gobierno: Ejercer un aborto cuando peligra la vida de la madre, cuando la mujer ha sido víctima de violación o incesto o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Además, que los procedimientos se lleven a cabo por personal médico y en centros de salud.
Esas “malformaciones “incompatibles con la vida” no incluyen a un niño con síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral. Son condiciones muy especiales que, de acuerdo con la ginecóloga Rosa Terrero, en su generalidad terminan siendo aborto espontáneos. “Cuando hay anomalías cromosómicas incompatibles con la vida casi siempre la naturaleza es sabia y se producen los abortos sin intervención médica”, destaca la doctora.
Terrero está contra el aborto y reconoce la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, señala que hay casos en los que se constituye un “crimen” llevar un embarazo a término y como ejemplo menciona la anencefalia (ausencia del cerebro en el feto). “Es un crimen llevar ese embarazo hasta las 40 semanas, incluso sabiendo que la criatura no llegará a las 24 horas de vida”, destaca.
Desde el punto de vista médico, Terrero defiende que no se puede penalizar a un profesional porque, en un caso particular, dependa de la intervención del embarazo la vida de la mujer. “Esos son casos muy esporádicos y la Iglesia tiene razón en ello, pero en medicina es tan importante la excepción como la regla. Si es esporádico no significa que un día yo no me vaya a tropezar con un caso”, apunta.
De ser aprobado por el Congreso la propuesta del Gobierno, secundada por las feministas, el Estado deberá también asumir la responsabilidad de crear otros procedimientos jurídicos y sanitarios que acompañen al Código Penal.
“No es que vas a ir a cualquier médico y él dirá ‘ok, aquí corre peligro la vida de la madre y vamos a hacer el procedimiento’. Habrá que crear un protocolo que le toca definir a Salud Pública. Y en el caso de la violación, sería un procedimiento clínico en coordinación con el sistema de Justicia”, explica Galván. Ese acompañamiento será en pro de garantizar que la intervención sea por casos mencionados en la ley. “Y no es que a toda mujer violada se le va a hacer un aborto”, dice Galván. “Si ella decide que tiene la fuerza y la energía para seguir adelante, el Estado deberá apoyarla y poner todas las condiciones para garantizarle su derecho a ser madre”.
Los abortos se harán solo en centros de salud
Las feministas han propuesto agregar un párrafo al artículo 109 del Código Penal con lo siguiente: “No será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en centros o establecimientos de salud, públicos o privados, cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presente malformaciones incompatibles con la vida”.
