A partir de una reciente intervención pública del presidente de la JCE, el debate sobre las reformas políticas y específicamente sobre el financiamiento de los partidos políticos, ha cobrado intensidad. Esta es una discusión esencial, pues el tema del financiamiento político tiene una relación directa con la calidad de la política. En el país existe el problema de una débil regulación sobre el aporte de dinero a las campañas políticas; esto tiene efectos inmediatos, como los obstáculos que se generan para hacer posible una gestión pública desde una perspectiva ética. Los intereses de los donantes de la política, terminan teniendo mayor prioridad que los de la colectividad.
En gran medida, el origen de la corrupción administrativa se encuentra en la opacidad del financiamiento político. Por esta razón, avanzar hacia una efectiva regulación de este aspecto del sistema político, ayudaría a resolver otros problemas vinculados a la administración del Estado. Una reforma que busque tener un impacto real en la equidad y transparencia del financiamiento político, deberá enfrentar la férrea resistencia de los líderes de las distintas fuerzas políticas. Prueba de ello lo constituyen los diversos proyectos de ley de partidos y de reforma a la ley electoral presentados hasta ahora, cuya revisión permite determinar que en materia de financiamiento político, las reformas no pasan de simples cambios cosméticos.
La sociedad deberá ejercer una fuerte presión para que en el debate de la reforma electoral, se incorporen al menos seis temas de gran relevancia para la transparencia del financiamiento político. El primero lo constituye la reducción del gasto en las campañas electorales, lo que deberá suponer un acortamiento de su duración y una clara limitación del gasto que pueden hacer los partidos políticos durante las elecciones. Por otro lado, es necesario que la reforma apunte hacia una mayor equidad en el financiamiento tanto entre partidos, como entre los hombres y las mujeres que intervienen en la política.
Un tercer aspecto, al que huyen los partidos políticos, es el del establecimiento de topes al financiamiento privado y la obligación de que las organizaciones partidarias rindan cuentas sobre las fuentes que contribuyen a la política. A esto se suma el deber de una máxima publicidad y rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos de los partidos. Un quinto aspecto fundamental en esta reforma, es el establecimiento de un mecanismo, adjunto a la JCE, que tenga la tarea exclusiva de la fiscalización y control del financiamiento político. Por último, se deberá definir un régimen de sanciones que permita castigar las violaciones a la legislación en lo concerniente al financiamiento político.
