El financiamiento político

A partir de una reciente intervención pública del presidente de la JCE, el debate sobre las reformas políticas y específicamente sobre el financiamiento de los partidos políticos, ha cobrado intensidad. Esta es una discusión esencial, pues el tema del financiamiento político tiene una relación directa con la calidad de la política. En el país existe el problema de una débil regulación sobre el aporte de dinero a las campañas políticas; esto tiene efectos inmediatos, como los obstáculos que se generan para hacer posible una gestión pública desde una perspectiva ética. Los intereses de los donantes de la política, terminan teniendo mayor prioridad que los de la colectividad.

En gran medida, el origen de la corrupción administrativa se encuentra en la opacidad del financiamiento político. Por esta razón, avanzar hacia una efectiva regulación de este aspecto del sistema político, ayudaría a resolver otros problemas vinculados a la administración del Estado. Una reforma que busque tener un impacto real en la equidad y transparencia del financiamiento político, deberá enfrentar la férrea resistencia de los líderes de las distintas fuerzas políticas. Prueba de ello lo constituyen los diversos proyectos de ley de partidos y de reforma a la ley electoral presentados hasta ahora, cuya revisión permite determinar que en materia de financiamiento político, las reformas no pasan de simples cambios cosméticos.

La sociedad deberá ejercer una fuerte presión para que en el debate de la reforma electoral, se incorporen al menos seis temas de gran relevancia para la transparencia del financiamiento político. El primero lo constituye la reducción del gasto en las campañas electorales, lo que deberá suponer un acortamiento de su duración y una clara limitación del gasto que pueden hacer los partidos políticos durante las elecciones. Por otro lado, es necesario que la reforma apunte hacia una mayor equidad en el financiamiento tanto entre partidos, como entre los hombres y las mujeres que intervienen en la política.

Un tercer aspecto, al que huyen los partidos políticos, es el del establecimiento de topes al financiamiento privado y la obligación de que las organizaciones partidarias rindan cuentas sobre las fuentes que contribuyen a la política. A esto se suma el deber de una máxima publicidad y rendición de cuentas sobre los ingresos y gastos de los partidos. Un quinto aspecto fundamental en esta reforma, es el establecimiento de un mecanismo, adjunto a la JCE, que tenga la tarea exclusiva de la fiscalización y control del financiamiento político. Por último, se deberá definir un régimen de sanciones que permita castigar las violaciones a la legislación en lo concerniente al financiamiento político.

Con el propósito de reducir la influencia en la actividad política de los grupos privados empresariales así como de las personas vinculadas a actividades ilícitas, en la mayoría de los países democráticos se prevé el financiamiento estatal de los partidos políticos y las campañas electorales. En la República Dominicana, desde el año 1997, la ley electoral prevé que ese financiamiento será de un cuarto por ciento (0.25) de los ingresos nacionales en los años no electorales y un medio por ciento (0.5) en los años electorales.

De conformidad con la Ley 78-05, del 18 de agosto del 2005, la distribución de estos fondos entre los partidos políticos debe hacerse de la manera siguiente: 1) Un 80% se distribuirá en partes iguales a los partidos que hayan obtenido más del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en los últimos comicios; 2) Del otro 20%, un 12% se repartirá en partes iguales a los partidos que hayan obtenido menos de un 5% y a los partidos de nuevo reconocimiento; y el restante 8% se distribuirá en proporción a los votos válidos obtenidos en los últimos comicios, por los partidos que hubieren obtenido menos de un 5%.

Para este año electoral la contribución económica del Estado a los partidos políticos asciende a un total de RD$1,403,210,000.00, de los cuales 1,122,568,000.00 corresponden al PRD, PLD y PRSC, tocando a razón de RD$374,189,333.33 cada uno. A los 21 partidos políticos restantes se les entrega un total de RD$280,642,000.00, oscilando estos montos entre los RD$19,888,344.45 que recibe el Bloque Institucional (BIS) y los apenas RD$8,018,342.85 que recibe el partido Alianza País (ALPAIS), único partido de nuevo reconocimiento.

Para reformar el actual sistema de financiamiento político, que ha sido calificado como inequitativo por diversos segmentos de la opinión pública, la Junta Central Electoral sometió al Congreso Nacional en su proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, nuevos criterios para la distribución de la contribución económica estatal. Se plantea que un 70% de la misma se distribuya a todos los partidos políticos en proporción a la cantidad de votos obtenidos en los últimos comicios, mientras que un 30% se entregue de manera igualitaria.

Además, se establecen límites a los aportes privados, tanto de personas físicas como de sociedades comerciales, y se trazan nuevas pautas para la rendición de cuentas y el control de las finanzas partidarias.

En otro sentido, se dispone que un 30% de los fondos recibidos del Estado por los partidos políticos, deben ser destinados a la capacitación de sus miembros y a empoderar el liderazgo de segmentos subrepresentados, tales como las mujeres y los jóvenes.