La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo ayer que el “auto de no ha lugar” emitido por el juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, en favor del senador oficialista Félix Bautista, demuestra las debilidades del Poder Judicial, y a su vez, aumenta la desconfianza social hacia sus actos.
En tal sentido, el vicepresidente de esa entidad de la sociedad civil, Servio Tulio Castaños Guzmán, a través de un comunicado, exhortó al procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, apelar esa decisión, para que los órganos judiciales competentes tengan una nueva oportunidad de cumplir con su misión de servir justicia: sin temor, sin favoritismos y sin la presión de los intereses políticos partidarios.
Asimismo, criticó también el hecho de que el pasado viernes, luego de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitir la resolución 544-2015, que establece no enviar a juicio de fondo a Bautista y compartes, fue beneficiado con un “Auto de no ha lugar” el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Grullón, acusado de corrupción municipal.
“Llama la atención el hecho de que en ambos casos el sistema de justicia haya operado para impedir que los imputados respondan a acusaciones en un juicio de fondo y que, en un aparente marco de legalidad y de respeto del debido proceso, se frustrara una nueva oportunidad para que funcionarios públicos y dirigentes políticos respondan los hechos que se les imputan”, dice Castaños Guzmán.
Por el expediente, además del legislador, están acusados por el Ministerio Público de enriquecimiento ilícito y desfalco en perjuicio del Estado: José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Grisel Araceli Soler Pimentel, Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
Garantizar imparcialidad
El vicepresidente de Finjus consideró que la SCJ debe garantizar la credibilidad y la imparcialidad de sus decisiones y que sus actos se adopten, no solo en un marco de legalidad y legitimidad, sino que contribuyan a mejorar la crisis de confianza que tiene una gran mayoría de la sociedad dominicana hacia ese organismo.
“Contrario a lo que se esperaba, la SCJ decidió poner a la cabeza del mismo, como juez a una persona que se ha señalado con claros vínculos históricos con el mismo partido del principal imputado (Félix Bautista), cuando lo más recomendable era que dicho proceso lo dirigiera un juez de carrera”, planteó.
Castaños Guzmán entiende que la decisión adoptada por Moscoso Segarra viene a fortalecer la percepción ciudadana de que tanto la independencia interna como externa del Poder Judicial está más comprometida ahora que antes.
“Y que las aprehensiones legítimas que se manifestaron por la cercanía de muchos de los magistrados electos en diciembre de 2011 en la altas cortes con el poder político, desembocarían en decisiones que profundizarían el imperio de la impunidad en el sistema de justicia nacional”, subrayó.
El ejecutivo de la Finjus expresó que la sana crítica dará cuenta de la calidad o no del dictamen del magistrado de la SCJ, que libra al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y demás acusados, de un juicio oral, público y contradictorio.
“Pero nos preocupa que el Juzgador de la Instrucción Especial haya extendido y reconocido hasta límites sin precedentes una serie de garantías a favor de los imputados, arguyendo razones de protección de la privacidad, intimidad y presunción de inocencia, mientras desconoce disposiciones legales contenidas en la Ley Especial de Lavado y otras similares”, expuso.
FJT
De su lado, Trajano Vidal Potentini manifestó que al margen de los derechos y de la presunción, lo conveniente para la justicia, la lucha contra la corrupción y hasta para el propio senador, hubiese sido que se abocaran a juicio de fondo, donde se le diera mayor profundidad y discusión a las imputaciones.
El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) también condenó la decisión de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo que favoreció con una sentencia al alcalde de San Francisco de Macorís, acusado de un supuesto desfalco de RD$400 millones en ese cabildo.
Acusación de Félix
Según el expediente, Félix Bautista otorgaba obras “grado a grado” mientras dirigió la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), iniciativa con la cual beneficiaba sus empresas personales. Para su decisión, Alejandro Moscoso Segarra alegó doble persecución en contra de Félix Bautista y los demás, ya que hace varios años, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) archivó ese expediente.
Preocupación
Esa sentencia ha generado una gran preocupación en importantes sectores sociales y académicos”.
Sentencia
La resolución 544-2015 muestra las debilidades del Poder Judicial y aumenta la desconfianza”, dice el vicepresidente de Finjus
