Al final del pasillo, en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, los fiscales de esa demarcación se reúnen en un lugar angosto y deteriorado para realizar sus actividades diarias.
Un cuarto estrecho dividido en dos sirve como sala de reuniones, interrogatorios y trabajo. Los fiscales deben esperar pacientes, mientras uno de sus colegas termina de usar una computadora, para redactar sus escritos porque las máquinas existentes no dan siquiera para cubrir el 50% de las necesidades.
En el pasillo colocan los “cuerpos del delito”, porque además de ser un espacio de acceso hacía una sala, también funciona como una especie de “cuarto de evidencias”. La frase “sal que tengo que entrar” se hace frecuente, en especial cuando se utiliza la referida salita, donde también está el archivo de la institución, cuyas gavetas no cierran y no le cabe una hoja más.
Una puerta rota, paredes en mal estado, cajas eléctricas sin protección y poca ventilación, son parte de las carencias que se observan allí, además del baño que está próximo a la cocina.
En mayo del año pasado, los doce fiscales de la institución se quejaron ante el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de la situación, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta a sus reclamos.
“Los fiscales trabajamos en un área que es más estrecha que el pasillo de cualquier edificio, la que compartimos con abogados, los testigos, los imputados y las víctimas que nos visitan a poner denuncias”, dice la comunicación remitida a la fiscal titular, Diomery Soto y al procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez.
Agregan que en ocasiones tienen que hacer turnos y, a veces, hasta discutir por el uso de las computadoras.
Dicen, además, que producto de las filtraciones la pintura se está cayendo y sus trajes se le llenan de polvo.
“Esta situación es tan difícil, que nos tiene al borde de la desesperación, no nos ha impedido realizar nuestro trabajo…sin embargo, consideramos que trabajar en condiciones tan paupérrimas y calamitosas constituye una afrenta a la dignidad humana que se merece toda persona, todo profesional y más aún un fiscal”, reseña el escrito.
Los representantes del Ministerio Públicos se quejaron además de la falta de seguridad y de personas para poder implementar el sistema de Modelo de gestión de Fiscalía.
