El 15 de mayo de 2016 debería ser considerado como un ineludible punto de partida hacia una nueva fase del fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Hay que tener en cuenta que como resultado de la crisis electoral de 1994 las organizaciones políticas hicieron conciencia, entonces, de la necesidad de fortalecer el sistema democrático aún muy débil después de haber transcurrido, a la sazón, 33 años de la caída de la tiranía de Trujillo.
Desde entonces los intereses de sectores al interior de los principales partidos políticos han pesado más que el trascendental compromiso con una democracia que ha de servir a todos con el mayor sentido de equidad y como importante contribución a la paz.
Fortalecer la democracia en la República Dominicana tiene un alto valor por que se ha pagado en su conquista un altísimo precio.
Recordar a Manolo Tavárez Justo. Su inmolación junto a decenas de mártires en las montañas de la República por un gobierno por el cual no votaron, pero que reconocían salido de la voluntad popular.
Recordar la Guerra de Abril que generó la segunda ocupación del ejército más poderoso de la Tierra a sólo 4 días de iniciada la lucha por la vuelta a la constitucionalidad democrática cercenada por el golpe de Estado al gobierno del profesor Bosch; recordar además las más de 50 mil vidas perdidas contabilizadas por el Museo de la Resistencia cuyas muertes fueran provocadas por la oprobiosa dictadura de Trujillo.
Hoy queda más que demostrado la necesidad de una profunda reforma electoral y la tan aclamada ley de partidos. Si bien la democracia no es sólo eso, lo que al respecto se puede hacer es en sí mismo un factor de avance y desencadenante de otros importantes progresos institucionales.
Hay que observar que es muy débil aún la democracia al interior de los partidos. La participación en la mayoría de los casos está muy condicionada por los recursos económicos que se dispongan, las influencias, la pertenencia a determinados grupos o clanes y poco asociado a los méritos de raigambre moral, intelectual o de compromiso con la comunidad, de quienes aspiran a cargos públicos electivos.
Desde el Estado se necesita, además, asegurar un equitativo financiamiento a la participación electoral y sobre todo fortalecer los órganos responsables de la administración y de la gestión de los conflictos que surgen de los procesos electorales.
Fortalecer la democracia es apostar y aportar a la convivencia pacífica contraria a todo tipo de violencia con injustificable e irreparable pérdida de vidas como ha acontecido a lo largo del proceso electoral.
