Si la tasa de cambio se mantiene estable hasta el próximo viernes en el nivel registrado el pasado viernes, en noviembre el peso dominicano se habrá depreciado con respecto al dólar estadounidense un 1.3%. Sería el ritmo devaluatorio mensual más acelerado que se haya experimentado desde julio de 2007, seis veces más elevado que el promedio mensual desde 2006 hasta 2011, y siete veces más elevado que el promedio de los meses de noviembre en esos años. Esto último demuestra que no se trata de un fenómeno estacional, es decir, no sucede todos los noviembres debido, por ejemplo, a las demandas de divisas para las importaciones navideñas, como se ha sugerido.
La aceleración de la devaluación se viene dando desde septiembre cuando la tasa de cambio triplicó su ritmo de crecimiento respecto a los seis meses anteriores, y en octubre lo sextuplicó. De hecho, la devaluación de octubre y lo que va de noviembre ha sido más acelerada que la registrada en cualquier trimestre desde inicios de 2006.
Es cierto que en promedio, el peso en 2012 no se ha devaluado más que en otros años. De hecho, lleva un ritmo acumulado no muy diferente a 2011. Sin embargo, por su velocidad, la devaluación registrada desde septiembre llama la atención, ha encendido alarmas y está motivando dudas sobre la sostenibilidad de la estabilidad cambiaria. Para empezar, ha empujado al Banco Central a responder vendiendo parte de sus reservas, lo cual detuvo la depreciación a inicios de la semana pasada. Después de todo, la preocupación principal en materia cambiaria son los movimientos bruscos de la tasa de cambio porque pueden generar pánico y corridas contra el peso que hagan de la situación un caso difícil de controlar.
Las preguntas obligadas son: ¿qué es lo que está causando estas presiones devaluatorias?, y ¿cuánto riesgo existe de que se genere una devaluación relativamente violenta?
Para empezar, hay que decir que el país ha vivido por varios años en una frágil situación cambiara. El saldo de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que no es más que el balance de las operaciones regulares de la economía con el exterior, ha sido extraordinariamente deficitario: US$3,500 millones anuales entre 2007 y 2011. Eso significa que la demanda corriente de divisas ha superado en mucho la oferta, y que la estabilidad cambiaria ha dependido (y depende) críticamente de la capacidad de financiar ese déficit con crédito externo y con inversión extranjera directa.
Esa situación hace que el mercado cambiario sea muy vulnerable. Si alguno o ambos están en dudas, la presión devaluatoria se desata. Se puede aplacar temporalmente vendiendo reservas del Banco Central, pero estas no duran para siempre.
El crédito externo depende de la capacidad que tenga el gobierno de convencer a los posibles acreedores de que es poco riesgoso prestarle. Pero desde agosto se conocía que el gasto y el déficit público se habían disparado, y en octubre la noticia del déficit hizo palidecer los pronósticos más extravagantes.
El resultado ha sido una duda creciente sobre la posibilidad que tiene el gobierno de cumplir objetivos presupuestarios preestablecidos, de gastar estrictamente hasta donde le alcanza la sábana y de tener capacidad para pagar lo que debe. ¿Quién le va a prestar a un Estado que no cumple sus propias reglas?
Por otro lado, la inversión extranjera depende de las posibilidades y los riesgos de hacer negocios en el país, cuestión esta que también se ha deteriorado y
posiblemente ha alejado inversiones.
Pero si en adición a ello se le suma una creciente movilización de la clase media, altamente conectada con el resto del mundo y que hace muy visible sus acciones en las redes sociales y los medios masivos de comunicación, en rechazo a la corrupción y a la impunidad y en cuestionamiento directo al partido de gobierno, el coctel es volátil.
Por fortuna, la receta para evitar una devaluación brusca y sin control y con sentido de largo plazo es clara, y no es el tradicional ajuste que sube los intereses y deprime la economía: un presupuesto de calidad, un presupuesto que se respete, y un sistema de justicia que haga justicia. No hay Fondo Monetario Internancional (FMI) que sustituya eso.
