El cardenal y arzobispo de Santo Domingo y otros jerarcas de la Iglesia católica han repudiado públicamente los llamamientos de grupos a protestar de forma violenta contra la observación presidencial de la ley que declaraba parque nacional a Loma Miranda. Pero esas loables exhortaciones a la moderación no han hecho mención alguna al hecho de que obispos y sacerdotes lideraron y todavía encabezan esos reclamos, valiéndose de métodos que coartan derechos ciudadanos fundamentales, como la libertad de tránsito y el derecho de propiedad, entre otros.
También pasan por alto la ocurrencia de otro hecho. Fueron esos hombres de la Iglesia quienes en su momento exacerbaron los ánimos de gente sin idea siquiera de dónde se encuentra Loma Miranda y mucho menos de cuanto ello significa para la economía y el medio ambiente, manteniéndose al frente de las protestas, con proclamas y lemas referentes al uso de métodos de acción directa. Los medios guardan en sus archivos escenas de algunos de esos servidores de la Iglesia instando a romper contadores en repudio al costo del servicio eléctrico y en muchas otras ocasiones cuando políticas y medidas impopulares creaban condiciones para el reclamo callejero.
No se recuerdan muchas situaciones en las que tales comportamientos públicos de sus miembros produjeran reprimendas o sanciones severas por parte de la jerarquía eclesiástica, ni siquiera cuando aquellas representaban abiertos desafíos a directrices trazadas por el Episcopado o contradecían mandatos o pautas directas del Vaticano sobre el sosiego y la comprensión social, sin importar las diferencias propias de toda convivencia humana civilizada.
Esa habilidad explica la longevidad de la Iglesia romana y su incuestionable papel como mentora espiritual de una inmensa feligresía, a despecho de cuantos errores le son imputables a través de la historia.
