Los estados participan en el financiamiento de la educación superior por considerarla un bien público.
Ésta beneficia a los individuos y a la sociedad en general, y por su función de mecanismo de movilidad social permite luchar contra la injusta distribución de riquezas y oportunidades.
Sin embargo, la expansión de la educación terciaria, el aumento de los costos educativos producto de las exigencias de calidad e innovación permanentes de la nueva sociedad del conocimiento, sumados a la competencia que representa este rubro frente a otras imperiosas necesidades sociales que los gobiernos tienen la responsabilidad de satisfacer, han impedido mantener el modelo tradicional de financiamiento estatal de las instituciones de educación superior (IES).
Esto ha producido un significativo aumento de la educación privada. Asimismo, el surgimiento de nuevos proveedores del servicio educativo ha impulsado la diversificación de los modelos de financiamiento.
En la actualidad, los esquemas de financiamiento consideran, además de la participación de los estudiantes (a través del pago de matrícula y otros servicios), productos como patentes y derechos intelectuales, transferencia de tecnología, proyectos de investigación y desarrollo (I+D), y la “rentabilidad” de la colaboración universidad-empresa.
Estos beneficios están condicionados por la reputación de la marca de la institución y la empleabilidad en el mercado local e internacional de sus egresados.
A su vez, estas dos variables están estrechamente vinculadas a la calidad de los programas que oferta la universidad (competencias de sus docentes, pertinencia de su currículo, infraestructuras físicas y tecnológicas, redes internacionales, etc.).
Asimismo, la captación de recursos a través de donaciones del sector privado y de los exalumnos (fundraising) es una estrategia común hoy en día, que está tornándose significativa para las IES latinoamericanas. Por otro lado, constituyen nuevas fuentes de financiamiento, la oferta de postgrados (especialidades y maestrías), y las ofertas de educación continuada, servicios que tienden a no ser gratuitos aún en las universidades estatales de la región. Estas nuevas estrategias de financiamientos han conducido a un agotamiento de la otrora gestión liberal de la educación pública e impulsaron la configuración de un mercado educativo muy competitivo, y consecuentemente el diseño de sistemas para el aseguramiento de la calidad de las IES. Ésta y otras causas motivaron a los estados a elaborar nuevas regulaciones para el funcionamiento del sistema de educación superior que se estaba haciendo cada vez más complejo.
Además de la regulación estatal, se conformaron redes académicas de acreditación de la calidad que operan con bastante rigor y credibilidad internacional.
La evaluación y la acreditación son los instrumentos mediante los cuales las universidades están demostrando a la sociedad su grado de calidad y desarrollo. “El Siglo XX fue la centuria de la autonomía, el siglo XXI es el siglo de la evaluación competitiva” (Claudio Rama, exdirector General de IESALC, UNESCO). l
