De aprobarse como fue votado por la Cámara de Diputados, el nuevo Código Penal obligaría a la mujer víctima de violación, incesto o que tenga un embarazo con deformaciones congénitas a retenerlo. Si no lo hiciera se expondría a sanciones de seis meses a tres años de prisión. La advertencia fue realizada por el abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho.
Sugirió que disposiciones como esa desconocen los derechos de las mujeres y contravienen la Constitución. En tal sentido, expresó que resultarían vulnerados los artículos 38 (dignidad humana), 43 (libre desarrollo de la personalidad) y 61 (derecho a la salud) de la Constitución de la República.
Dijo que al no contemplar eximentes de responsabilidad, el nuevo Código Penal se colocaría “en la ciénaga de la inconstitucionalidad, puesto que empujaría a miles de mujeres pobres al precipicio de la muerte o la indignidad al obligarlas a retener el embarazo en condiciones infrahumanas”.
“Nadie discute que hay que defender a capa y espada el derecho a la vida, pero también los derechos de la mujer embarazada, su integridad física y psíquica y el derecho al libre desarrollo de su personalidad”, subrayó. Sostuvo que en los países desarrollados, como Estados Unidos o España, la mujer puede interrumpir su gravidez sin ofrecer ninguna causa hasta la semana número 12 o 14 del embarazo. Es lo que se denomina –dijo- un sistema de plazos (derecho de autodeterminación antes de la formación del feto) frente al sistema de casos específicos que estamos proponiendo para la legislación dominicana.
Derecho a la dignidad
Rodríguez explicó que la interpretación de la cláusula del artículo 37 de la Constitución la cual establece que el “derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte” no se limita a una lectura literal.
Dijo que su entendimiento se debe hacer en un juicio de ponderación de derechos fundamentales, en el que el derecho a la vida de la criatura se contrapesa con derechos como la dignidad humana, el derecho a la salud o el derecho a no ser sometido a experimentos que no se ajusten a la normas científicas, “como le sucedió a Beatriz, la joven salvadoreña a la que el tribunal supremo de ese país le denegó el aborto y tuvo que dar a luz a una criatura que murió apenas momentos después de nacer”.
