El geógolo Osiris de León considera que el Estado debe autorizar la explotación minera en Loma Miranda bajo la condición de que Falconbridge respete los parámetros ambientales de ley en todo contrato de extracción.
“Lo que tenemos que tener es una política de desarrollo que garantice primero optimizar los recursos (provenientes de esa explotación) y, segundo, respetarla, si hay otorgada una concesión de explotación minera”, dijo.
Sugirió que también el Estado se comprometa a invertir en escuelas, en hospitales, en acueductos y en canales de riego entre otras obras los beneficios que el país deberá recibir a cambio de la explotación.
Sugirió en ese sentido la definición de una política de desarrollo estatal que establezca prioridades de inversión de los recursos aportados por la minería hacia los sectores de menor desarrollo.
“Como hizo (el ex presidente) Balaguer en 1986, que cuando vio que falconbridge no había pagado mucho dinero, forzó una renegociación que permitió conseguir el 50% de los beneficios que, sumados al 10% de las acciones del Estado allí, abrió una cuenta especial con cuyos recursos construyó las presa de Jiguey, la de Aguacate y el acueducto Valdesia-Santo Domingo”, recordó.
De León citó también la construcción de la presa de Tavera en 1974 por US$43 millones con ingresos provenientes del elevado precio internacional del azúcar en aquel entonces, presa que ahora produce US$50 millones anuales en agua para riego, para acueducto y producción de electricidad.
En ese sentido sugirió ahora al presidente Danilo Medina garantizar que parte de los crecientes ingresos mineros sean destinados a una mejora en el servicio eléctrico.
Reconoció que la actividad minera contamina pero que también la actividad turística y el urbanismo, con lo que descartó esta como la razón de la “timidez” del gobierno en resolver Loma Miranda, a pesar de que recordó que existe la Ley 146 que en su artículo siete otorga prioridad a la explotación minera sobre cualquier otro uso del terreno.
“En todo caso, si el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y nosotros los ciudadanos entendemos que esa ley no es conveniente debemos someter al Congreso su modificación”, sugirió.
A propósito de la creación del Ministerio de Energía y Minas, adscrito al Ministerio de Industria y Comercio, saludó que sea esta nueva institución la que definirá las políticas públicas sobre energía y minas.
Recordó que hasta ahora lo hacía la Dirección General de Minería, dependencia del Ministerio de Industria y Comercio.
“Quitarle ese brazo a Industria y Comercio parece que se hacía sentir que perdía una gran fortaleza, por lo que pelearon un poco para lograr segregar a (Energía y) Minería, que definirá las políticas públicas en esa materia pero la parte ejecutiva continuará en Industria y Comercio”, comentó.
Declaró que el día en el país tenga una política pública orientada a desarrollar los sectores menos pudientes con recursos de los generadores de más divisas será cuando habrá desarrollo territorial amplio.
“Lo correcto sería en una sociedad organizada sería un plan de ordenamiento territorial definido por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que permita dentro de un marco general definido por ley supervisar que todo permiso otorgado se cumpla al pie de la letra, y que si la empresa concesionaria se sale de los parámetros se le imponga una sanción económica la primera vez, un cierre temporal la segunda y cierre definitivo si reincide”, sugirió.
