San Juan, Puerto Rico.- Todavía no se había secado la tinta de la firma del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que convirtió en la noche del martes en ley el proyecto de revitalización de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con una deuda de nueve mil millones de dólares, cuando el ministro de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, reconoció este miércoles que el Gobierno puertorriqueño está insolvente.
La ley de reestructuración de la AEE, bajo fuego por diversos sectores políticos, incluso parlamentarios del propio oficialista Partido Popular Democrático (PPD) que entienden que solo beneficia a los acreedores, fue defendida a rajatabla por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, como la única opción para que siga en manos del pueblo puertorriqueño. Las críticas principales se han centrado en que solo los acreedores salen beneficiados, cuando se pagarán los bonos de la corporación pública a los deudores a 85 %, cuando su valor real en el mercado está en 40 %, degradados por las propias casas acreditadoras de Wall Street.
García Padilla desbordó su indignación, antes de que el Senado diera su consentimiento a las enmiendas introducidas en la medida en la Cámara de Representantes, contra los legisladores del oficialista PPD y del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), a los que acusó de incurrir en “un ejercicio de irresponsabilidad absoluta” al votar en contra. “Ya sabemos quiénes son por nombre y apellido, y no se les puede confiar el país para hacer las reestructuraciones que necesita”, afirmó en tono airado en un acto en Las Marías, municipio del centro montañoso de la isla.
Mantiene propiedad
El mandatario planteó que la ley de revitalización “garantiza que la AEE sigue siendo nuestra, que no hay despidos de empleados, va a tener un ahorro para el pueblo de más de mil millones de dólares, y garantiza la línea de crédito que le permite a Puerto Rico comprar combustible para que no haya apagones”.
El ahorro consiste en la reducción de 15 % de la deuda con los bonistas, si se tiene en cuenta un coste de 100 % antes de la degradación de Wall Street.
García Padilla advirtió que de no haberse aprobado la medida legislativa se hubiera producido un alza en el kilovatio-hora no menor de ocho céntimos de dólar, el que ahora no excederá en los próximos cinco años de tres centavos.
Recordó que cuando asumió la gobernación, el 2 de enero de 2013, el kilovatio estaba a 31 centavos y que en la actualidad promedia 16.8 céntimos, como parte de los esfuerzos de su administración para atender la situación.
“Si la situación es tan grave como afirman, si estamos al borde de tener que hacer apagones selectivos por no comprar combustible, entonces el Gobierno debería estar movilizando al país para exigir acción del Congreso de Estados Unidos y de los bonistas”, estableció el candidato a la gobernación Rafael Bernabe, del Partido del Pueblo Trabajador (PPT).
Bernabe consideró que el Gobierno puertorriqueño “debería entender que la historia no solo se hace en las salas de reunión y los tribunales; también se hace en la calle, la protesta, la movilización”.
A su juicio, no deja de indignar que el Gobierno acepte un recorte de apenas
15 % de la deuda luego de que solicitó a los bonistas un recorte de más de 50 % en su oferta de canje de bonos y sabiendo que muchos de los acreedores de la AEE compraron los bonos a descuento.
“El propio mercado dice que esos bonos han caído a 40 % de su valor, pero se les pagará 85 %; ese es el tipo de elemento que una auditoría podría revelar”, advirtió el dirigente del PPT al plantear posibles irregularidades en las transacciones con los llamados fondos buitres.
Mientras se producía este forcejeo verbal, la ministra de la Gobernación, Grace Santana, admitió que el Gobierno puertorriqueño analiza la posible aprobación de una ley para pedir una moratoria en el servicio de la deuda.
Santana planteó la posibilidad de colocar en sindicatura varias corporaciones públicas, entre otras medidas de emergencia, luego de que el ministro de Hacienda reconociera que Puerto Rico está insolvente y que no será capaz de asumir sus obligaciones en los próximos meses a menos que se produzca un cambio en el escenario fiscal.
Ante ese panorama, el ministro Zaragoza reconoció que están “cautelosos” ante la insolvencia del Gobierno, a la vez que descartó un cierre parcial de las agencias públicas, despidos de empleados o reducción de jornada porque sería “más grave para la economía”.
El ministro de Hacienda aclaró que se refiere a la insolvencia ante la incapacidad del Gobierno de cumplir con los acreedores, por lo que la administración de García Padilla hace malabares para manejar el dinero público.
Reveló que el déficit acumulado supera los 49 mil millones de dólares, por lo que parangonó la situación como “una bola de nieve”, porque a través de los años “se ha tomado prestado para pagar préstamos”.
Estados financieros confirman la dificultad
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central), Melba Acosta Febo, reconoció en otra instancia que los estados financieros auditados del gobierno confirman la crisis fiscal que tiene a Puerto Rico al filo del precipicio, por lo que hay que estar “preparado para lo peor”.
“Estos estados financieros confirman lo que hemos dicho por meses, que Puerto Rico tiene que decidir si paga deuda o los servicios básicos”, manifestó Acosta Febo al reconocer que el 1 de junio hay que hacer pagos muy grandes y el Gobierno no espera tener, según las proyecciones, los dineros necesarios.
Se refirió a que el BGF tiene que pagar en mayo alrededor de 400 millones de dólares de deuda y en junio el gobierno central de Puerto Rico deberá
desembolsar unos 700 millones a los acreedores, para un total de 1,100 millones antes de cerrar el año fiscal 2015-2016, el próximo 30 de junio.
Crisis
“Tenemos dos crisis, una fiscal y otra económica, y cada una se alimenta de la otra”, dijo el ministro de Hacienda.
