Desde el pasado 27 de febrero, cuando el presidente Danilo Medina, anunció ante la Asamblea Nacional que la enmienda al contrato minero de la Barrick Gold es inaceptable, y que la empresa ha sido intransigente frente a los esfuerzos del Gobierno para lograr una negociación justa y equilibrada, el país entendió que estamos enfrentados a una empresa colonialista que nos considera indígenas, y todo el pueblo se indignó y manifestó su disposición de pelear, al lado del Presidente Medina, para defender el interés nacional.
De inmediato, el embajador de los Estados Unidos en República Dominicana anunció frente a la prensa que esas declaraciones del Presidente Medina “traerán consecuencias”, lo que no amedrentó al gobierno, y el país siguió firme en sus reclamos de modificar el contrato; y como parte del proceso se decidió inspeccionar cada lingote embarcado por la empresa, ya que hasta ese momento los embarques se inspeccionaban de forma aleatoria en una proporción de un 8%.
La primera revisión a los embarques de la Barrick mostró fallas graves en el manifiesto presentado a las Aduanas, pues se consignaba que el origen del doré era Estados Unidos, y no la República Dominicana, y al aclarar que el objetivo de ese supuesto error era evadir el futuro pago de beneficios a nuestro país, el Gobierno quedó convencido de que las intenciones de la Barrick son las de llevarse todo nuestro oro y no dejarnos absolutamente nada, y cuando volvimos a pedir detener los embarques de doré, el Director General de Aduanas respondió que esa institución no tiene facultades para impedir embarques.
Eso motivó que tanto el Senado de la República, como la Cámara de Diputados, nos invitaran, por separado, para conversar respecto a las medidas que el país debe adoptar para presionar una renegociación favorable al gobierno y al país, y en ambas reuniones manifestamos que el artículo 14 de la Constitución de la República, y el artículo 1 de la Ley Minera 146-1971, establecen que todos los minerales del subsuelo dominicano son de propiedad exclusiva del Estado Dominicano, y que el Estado tiene plenos poderes para impedir los embarques de minerales cuando considere que las condiciones no son favorables al país, tal y como lo hizo Joaquín Balaguer, en 1986, frente a Falconbridge.
El reciente anuncio del Gobierno, de que todavía no ha podido llegar a un acuerdo favorable con Barrick, no fue del agrado de la población, ya que la gente no aceptó que le dijeran que la negociación es compleja porque intervienen ecuaciones y algoritmos matemáticos, cuando lo que el gobierno necesita es cortar cada lingote a la mitad. Más que complejidad, se vio debilidad.
El enojo de los dominicanos ha sido de tal magnitud que el Gobierno ha instruido a las Aduanas para detener todos los embarques de doré hasta tanto se firme un nuevo acuerdo con Barrick, tal y como hemos sugerido durante meses, y ese impedimento ha llevado al embajador de Estados Unidos a decir que ha cambiado su opinión, y que al ver que los dominicanos reclaman una revisión del Contrato, entiende que la revisión procede.
Podemos estar seguros de que el embajador no habla a título personal, sino en nombre y en representación de su país y de los intereses de la empresa; pero en adición a esas declaraciones, esta semana llegarán al país los máximos ejecutivos internacionales de la Barrick Gold para firmar el nuevo acuerdo con el Gobierno, pues ya saben que si no hay un acuerdo favorable al país, la producción de doré quedará paralizada. l
