En diversas oportunidades hemos hecho referencia al tema de que los problemas de la democracia están asociados, entre otras razones, al limitado ejercicio de ciudadanía de los dominicanos. Se reconoce la profunda debilidad institucional, la desigualdad social o la ausencia de mecanismos efectivos de participación como déficits importantes del sistema político. Sin embargo, estos déficits se agravan cuando se pierde el sentido de colectividad y hay poca preocupación por lo público. La apuesta por las soluciones individuales tiene mucho que ver con la frustración generada por el ejercicio de una actividad política que no termina de encontrar respuestas a los múltiples problemas que padece la sociedad.
Sin embargo, no se puede perder de vista que es desde la política, sus instituciones y actores, que se llevan a cabo los cambios fundamentales que se requieren para el bienestar de la colectividad. Un actor fundamental para que esto pueda ser así, es el de los ciudadanos y sus organizaciones. La teoría clásica sobre el desarrollo de la ciudadanía representada por el sociólogo inglés Thomas Marshall, definió el concepto de ciudadanía como “la plena pertenencia de los individuos a una comunidad política por medio de un status que les garantiza derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades”.
La ciudadanía es la dimensión pública de los individuos y se expresa a través del compromiso social y político mediante el cual se busca mejorar el ámbito público. Este compromiso procura además que el sistema democrático garantice, en condiciones de igualdad, el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cualquier forma de exclusión, discriminación o violación de algunos de estos derechos, afecta la calidad de la democracia e impide la constitución de ciudadanía. No es posible pasar de simples electores a ciudadanos, sin un Estado comprometido con el reconocimiento pleno de los derechos, sin el desarrollo de procesos de educación cívica y sin la participación social y política de la ciudadanía.
Avanzar hacia el ejercicio de una ciudadanía activa, plantea que los individuos demanden el reconocimiento de sus derechos y asuman su responsabilidad en la sociedad. Esto supone una ruptura con la comodidad y el conformismo existente en la sociedad dominicana. Implica además, superar la relación clientelar y patrimonialista con la política y el Estado. Para ello será necesario una participación activa en los movimientos sociales en demanda de cambios a nivel político, socio-económico y ambiental en el país. De igual manera, se requerirá perder el miedo a la política y a participar en ella, en procura de una democracia más sustantiva.
