Decenas de haitianos representados por Carlos Sánchez, miembro del Comité de los Derechos Humanos, anunciaron este martes que recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia ya que un juez de San Cristóbal le ordenó un embargo en contra de las dos empresas coqueras para las que laboraban.
La sentencia ordena que para ejecutarlo tienen que entregar un contrato de fianza por 30 millones de pesos, la misma cantidad que se ordenó el embargo.
Se trata de los más de 100 haitiano que a principios de año se apostaron mes frente al Ministerio de Trabajo, donde permanecieron por más de un mes en reclamo de sus prestaciones laborales a la empresa coquera que se había declarado en quiebra.
Con relación a este particular la suprema ya se había pronunciado y había determinada que en los casos civiles no había que depositar fianza para ejecutar el embargo.
