Los fondos de pensiones que ya alcanzan la cifra de RD$261,426.9 millones de pesos, no tienen la importancia que debieran en el debate nacional, por el cortoplacismo que caracteriza nuestra cultura, así como también por la falta de conciencia de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social de su condición de dueños de los mismos.
Este patrimonio acumulado en 10 años y en continuo crecimiento que constituye un ahorro nacional y representa ya un 10.3% del PIB, se encuentra invertido únicamente en pesos dominicanos, y concentrado en certificados en el Banco Central, Bancos Múltiples y títulos de deuda del Estado.
Es poco lo que se ha avanzado ante los numerosos retos que tiene el sistema previsional por delante, en gran medida porque las autoridades no han tomado conciencia de la enorme responsabilidad que significa la regulación de estos fondos y no han transformado la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión para que no esté integrada únicamente por funcionarios del gobierno y un supuesto representante de los afiliados, sino también por verdaderos expertos que puedan promover las mejores decisiones.
Aunque nuestro sistema de capitalización individual es una copia del modelo chileno, su historia ha sido muy distinta. En Chile, los fondos de pensiones han sido motor del desarrollo, estando su inversión plenamente diversificada gracias a normativas dictadas por la Superintendencia de AFP de dicho país, que establecen los porcentajes máximos de inversión para cada tipo de instrumento según su clasificación de riesgo.
Mientras los trabajadores en Chile monitorean el uso de sus fondos y son parte activa en las decisiones actuando como dueños de los mismos, los nuestros o ignoran el tema o simplemente desconfían de que esos fondos constituirán sus pensiones de retiro, quizás por la frustración derivada del fracaso del IDSS en el que muchos cotizaron por años sin recibir luego sus pensiones.
Ahora que el mandato del actual superintendente de Pensiones se encuentra vencido desde hace meses, es momento propicio para discutir sobre los grandes retos de nuestro sistema de pensiones y que las autoridades envíen una clara señal generadora de confianza de su voluntad de que estas transformaciones se realicen, garantizando que la idoneidad del perfil de los nominados sea el objetivo fundamental para la elección, y no así preferencias políticas.
Necesitamos que se priorice, como manda la Ley de Seguridad Social, la colocación de los fondos en actividades que “optimicen el impacto en la generación de empleos, construcción de viviendas y promoción de actividades industriales y agropecuarias” y el empoderamiento de los trabajadores como dueños de los mismos, para que velen día a día por su patrimonio y exijan su utilización para proyectos no solo rentables, sino de desarrollo. Para ello es indispensable que su regulación esté en manos de la persona idónea, que logre como se ha hecho en Chile, asegurar la diversificación de los fondos en cuanto a instrumentos y monedas, así como su rentabilidad, gracias a una verdadera regulación. Ojalá que la idoneidad y no la política sea lo que determine esta vital decisión para el destino de los fondos de pensiones, del ahorro nacional y de las pensiones de los trabajadores.
