La sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la nacionalidad de los y las descendientes de inmigrantes en situación irregular es simplemente descabellada e inhumana.No se trata de que le ha negado el derecho a la nacionalidad a migrantes que nacieron en otros países, una prerrogativa del Estado, sino a personas que nacieron entre nosotros y que el Estado, siguiendo las leyes y la Constitución vigentes, las había reconocido como dominicanas por haber nacido de padres y madres asentados en nuestro territorio sin importar la condición legal de ingreso y estadía. Son personas que no tienen otra nacionalidad, nacieron y crecieron acá, son de los nuestros, aunque a muchos y muchas su humanidad no les dé para aceptarlo, y no irán a ninguna parte.
Más aún, los padres y abuelos de muchos de esos dominicanos y esas dominicanas, hoy despojados del derecho a una nacionalidad, vinieron legalmente al país, principalmente de Haití pero también de otras islas en el Caribe, contratados nada más y nada menos que por el propio Estado dominicano para trabajar en los campos de caña de azúcar, y terminaron estableciéndose sin que el Estado se preocupase seriamente por regularizar su estadía.
El Estado y los ingenios privados se beneficiaron directamente de su trabajo pagado miserablemente, y con ello todo el aparato productivo nacional que se financió a partir de la riqueza azucarera. La industria manufacturera de este país le debe mucho a esos migrantes, porque fue su trabajo el que generó las divisas que pagó por la maquinaria, los insumos y los combustibles que hicieron posible que naciera y que operara por muchos años. Pero no fue sólo en el azúcar, también en la construcción, estatal y privada, en el café, y en otras actividades agrícolas. Los menos, pero no por ello menos importantes, vinieron de otras partes del mundo como China, el Medio Oriente y España durante la primera mitad del siglo XX, y con su instrucción, su ingenio, y sus pequeños capitales y esfuerzos, contribuyeron a modernizar el comercio y los servicios.
En pocas palabras, una parte importante de la economía dominicana se construyó sobre la base del trabajo de los y las migrantes. Es a la descendencia de ellos a la que se le ha degradado civilmente, y se les ha dicho que no son de donde son, y que en el territorio que les vio nacer y crecer, no tienen los mismos derechos que otros.
¿Cuál será el resultado económico de eso? Que esos centenares de miles de dominicanos y dominicanas quedarán despojados de su documentación y desprotegidos, como si fueran inmigrantes indocumentados. No podrán acceder a un empleo formal, no podrán ser incorporados (o quedarán expulsados) del sistema de la seguridad social, tendrán dificultades para obtener instrucción formal o recibir títulos, no podrán montar negocios formales o realizar operaciones comerciales, y no podrán pagar (o no se les podrá cobrar) impuestos directos. Estos dominicanos y dominicanas quedaron condenamos a trabajar en las peores condiciones y a ganar los más bajos salarios. Sus oportunidades fueron destrozadas por un tribunal miope e indolente, que no reparó no sólo en los derechos adquiridos sino en el drama humano que desencadena su decisión.
Pero además, como esa decisión implica que, de repente, el ejército de personas sin opciones y sin derechos laborales exigibles por ellas mismas se va a ampliar, incrementándose la proporción de población que sólo puede conseguir trabajos precarios, habrá una nueva presión a la baja de los salarios más bajos, lo cual contribuirá a incrementar la desigualdad y las brechas sociales. Los beneficiarios de eso serán los de siempre: quienes se lucran de contratar en las condiciones más precarias posibles.
Quienes defienden la decisión alegarán que el tribunal abrió una puerta para la regularización, pero como sabemos qué significa eso, y conocemos el prejuicio de quienes tienen responsabilidades públicas en esas áreas, mejor esperar sentados. Yo opto por sumarme a las filas de “antipatriotas” quienes no aceptamos esa decisión y demandamos que el Estado proteja los derechos de todos y todas, independientemente de quienes son o fueron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, y en qué condiciones llegaron a esta media isla.
