El Poder Ejecutivo y la Junta Central Electoral (JCE) anunciaron ayer que implantarán tres proyectos para mejorar el subregistro de nacimiento, y particularmente, resolver un problema secular en la escuela dominicana, la negativa de ingreso a niños por falta de una declaración de nacimiento.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el presidente de la JCE, Roberto Rosario, y el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, anunciaron el acuerdo mediante el cual desarrollarán los proyectos, que si se observa bien, se trata de uno solo, pues los tres están muy vinculados. El primero es un sistema de Acceso Directo desde las escuelas al sistema de actas de la JCE, el segundo persigue dotar al estudiante del Número Único de por Vida, ya previsto en la ley, y el tercero, la expedición del carnet de identidad estudiantil.
La iniciativa tiene mucha importancia, al margen del ejercicio de cooperación de esas instituciones públicas. Por vía indirecta resolverá un problema de exclusión social. Los muchachos que no son recibidos en las aulas por falta de actas generalmente provienen de las zonas más carenciadas. El acuerdo prevé que cuando no estén declarados, la JCE se compromete a través de su Unidad de Declaración Tardía a investigar y otorgar el documento. El problema de la falta de acta de nacimiento arrastra a familias dominicanas hasta tres generaciones, lo que es una barbaridad.
Además, el plan contiene un componente vinculado a la seguridad. Nadie ignora que la escuela confronta en estos tiempos problemas de violencia. El Número Único de Vida y el carnet de identidad correspondiente permitirán a las autoridades académicas mejorar los controles internos. Como el Número Único de Vida será de carácter nacional, ayudará en múltiples sentidos y huelgan los detalles.
Faltaría ahora, para mejorar el sistema de identidad en la República, un acuerdo similar que envuelva a Salud Pública, de modo que sea obligatorio el registro de los nacimientos en las unidades de la JCE que operan en los hospitales y maternidades del país.
Como más del 95 por ciento de los partos se efectúan en hospitales públicos y privados, el subregistro sería progresivamente eliminado.
