La reciente corrección que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso para eliminar un impuesto a las compras por internet que había sido aprobado dentro de la reforma fiscal, fue la tercera rectificación en menos de 10 años.En una década se han producido en el país tres situaciones impositivas que “chocan” con aspectos de los tratados que el país ha firmado con sus principales socios comerciales. Dos de esas “metidas de patas” fueron ocasionadas por impuestos creados por el Congreso, por iniciativa propia. Para quedar “bien” el Poder Ejecutivo tuvo en ambas ocasiones que sacar “pronto” la metida de patas del Congreso.
De los tres choques, dos han sido en el marco del acuerdo de libre comercio que el país firmó con los Estados Unidos y Centroamérica (DR Cafta, por sus siglas en inglés). Coincidencialmente, esos dos impasses generaron quejas en la embajada estadounidense en el país, una formal y la otra en forma de aviso.
El inicio
En el 2003, el Congreso estableció un impuesto, vía las estampillas a los cigarrillos, que Honduras consideró discriminatorio para sus exportaciones de ese producto a la República Dominicana, para ser el primer conflicto que involucró al país en materia de tratados comerciales. La República Dominicana fue llamada en septiembre de ese año al mecanismo de solución de controversias de la OMC.
En noviembre del 2004, un grupo especial de la Organización Mundial de Comercio le dio la razón a Honduras, y en agosto del siguiente año ambos países acordaron suspender el arbitraje que los envolvía y llegaron al fin del conflicto que tenían desde el 2003.
Esa decisión obligó a que el Gobierno dominicano se viera obligado a adecuar su sistema impositivo, debido a que el conflicto se llevó de por medio la comisión de cambio que se aplicaba entonces a las importaciones, que era de un 13%.
Para entonces, esa comisión era una de las figuras de mayor rendimiento recaudatorio, en su aplicación selectiva. Aportaba al año cerca de RD$20,000 millones. Para compensar la pérdida de esa fuente, el Gobierno propuso mecanismos alternativos, que en el caso de los vehículos fue un impuesto de 17% a la primera placa.
Luego, en los años 2004 y 2012, el Congreso aprobó impuestos para gravar el sirop de maíz y las compras (importaciones) personales por internet, respectivamente, desatando críticas desde la embajada de los Estados Unidos y/o entidades afines a ese país, como la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
Conflicto regional
El caso de Honduras ha sido el conflicto más impactante hasta el momento, porque además de llevar el país a un litigio ante la Organización Mundial de Comercio, que finalmente perdió, obligó a derogar algunas figuras impositivas que existían y crear otras, con igual o mayor efecto recaudador, pero basadas en el comercio interno.
El diferendo con la embajada de los Estados Unidos en el país se originó cuando, dentro de la Ley 288-04, de Reforma Fiscal, se incluyó un gravamen de un 25% a las bebidas que utilizan sirop de maíz.
Ese impuesto no estaba en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y fue incorporado a través de la Cámara de Diputados, lo que motivó al Poder Ejecutivo solicitar al Senado que lo excluyera, porque aplazaría indefinidamente la aplicación del Dr Cafta.
PE promulga la ley y luego corrige errores
El Senado aprobó el proyecto con esa incorporación hecha en la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo promulgó la Ley, que le aportaría ingresos por unos RD$22,000 millones aunque inmediatamente envió un proyecto para derogar el impuesto al sirop de maíz. Fue una situación parecida al caso que se presentó en la reforma fiscal recién aprobada, cuando el Congreso le incorporó al proyecto del Gobierno un impuesto a las compras por internet sin importar el límite de US$200 que se había acordado al entrar en vigencia el DR-Cafta
.En este caso, la queja formal la hizo la Cámara Americana de Comercio y la embajada de los Estados Unidos en el país se limitó a adelantar que estudiaba el caso.
El Poder Ejecutivo al recibir la Ley del Congreso la promulgó y dos días después sometió un proyecto para eliminar el impuesto a las compras por internet, el cual fue acogido sin dilación por las cámaras legislativas, para cerrar la cadena de impuestos en conflicto con los tratados comerciales.Al parecer, el Congreso no consulta a sus asesores en materia de negociaciones comerciales antes de aprobar gravámenes que chocan con tratados firmados.
