Las reacciones que ha originado la decisión de la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, de ordenar el archivo definitivo del expediente de la denuncia querella por prevaricación, perjurio, lavado de activos, concusión, incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas y mezclarse con asuntos incompatibles con su calidad, incoada por el presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, contra el expresidente Leonel Fernández Reyna, hay un conjunto de opiniones que deja a la vista y oídos de la colectividad la conducta intolerante de una parte de los que cuestionan el auto del Ministerio Público.
Son personas que sólo se sienten bien cuando los demás repiten sus ideas y las aceptan como infalibles. Son los mismos que reclaman respeto a la dignidad humana, pero en su práctica social y política hacen de la injuria y la difamación una práctica a la hora de debatir ideas. Como ha dicho la magistrada procuradora fiscal, ahora blanco de ataques: en el país hay una especie de chantaje inaceptable, que consiste en que “si tú haces lo que a mí me gusta, está bien; pero, si no te gusta, independiente de que tenga argumento o no, te repudian”.
Reaccionan con palabras injuriosas y difamatorias contra las voces que no comparten su manera de pensar, porque no tienen o perdieron los argumentos adecuados para debatir una decisión. La Constitución de la República establece que el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. En el ejercicio de sus funciones tiene que garantizar los derechos fundamentales que asisten a la ciudadanía.
Antes de asumir funciones, la fiscal prestó el juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente los deberes de su cargo. En virtud del mandato constitucional, tiene que ejercer sus funciones conforme a los principios de legalidad y objetividad.
Con su decisión, la magistrada Yeni Berenice Reynoso le ha dicho a la sociedad dominicana que es una funcionaria que actúa apegada a la Constitución y las leyes. La intolerancia de nuevo ha impedido un debate que pudo ser enriquecedor. Nuestro Estado Social Democrático de Derecho, tiene entre sus fundamentos el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y la independencia de los poderes públicos. Las voces que hacen el coro contra el expresidente Fernández, deben aprender de la decisión de la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional.
