Uno de los problemas de los que adolece la democracia dominicana es sin dudas el de la corrupción administrativa. La corrupción generalizada y sistémica, como la que padecemos en el país, impide que el Estado lleve a cabo las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Recursos públicos que deberían ser invertidos en salud o educación, se desvían en beneficio de particulares. Está demostrado que en sociedades con altos niveles de corrupción, aumentan la pobreza y la desigualdad social.
Otros efectos negativos de la corrupción están asociados a la reducción de la inversión económica y al deterioro de las instituciones de la democracia. Por ejemplo, el crecimiento de la criminalidad y la delincuencia, entre otras razones, se debe a que la corrupción ha permeado a las instituciones que están llamadas a garantizar la seguridad ciudadana.
En junio del pasado año, el Gobierno dominicano, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintos organismos internacionales, promovió la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), con el objetivo de ayudar a mejorar la transparencia en el Estado y la sociedad. Para ello se definieron las principales áreas de intervención, 10 en total, para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la ley de parte de las instituciones públicas.
Este proceso permitió establecer un consenso alrededor de 30 recomendaciones muy concretas y medibles en el Estado dominicano. La novedad que tiene la IPAC es que no se quedó en un documento general de buenas intenciones, sino que estableció su propio mecanismo de seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones. Al mismo tiempo, hizo posible que diversas organizaciones de la sociedad civil constituyeran un observatorio ciudadano, que ha estado realizando una labor muy importante de seguimiento de la IPAC.
En su segundo informe de monitoreo, este observatorio ciudadano destacó que se ha estado cumpliendo satisfactoriamente con varias de las recomendaciones, pero que aún están pendientes medidas que son fundamentales para poder avanzar en una real transparencia del Estado dominicano. Una de estas medidas tiene que ver con la creación y efectiva implementación de la Cuenta Única del Tesoro, en un Estado donde existen más de 6,000 cuentas corrientes. La Cuenta Única es fundamental para evitar la dispersión y falta de control sobre los recursos de la administración pública. Corresponde al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, hacer cumplir esta disposición y así garantizar el éxito de la IPAC.
