Fue muy acertada la reciente iniciativa de la oficina senatorial de Santiago, de propiciar un debate en torno al tema de “Transparencia y Calidad de la Democracia”, con la presencia de la reconocida politóloga argentina Delia Ferreira, quien es miembro del Consejo de Directores de Transparencia Internacional. No es posible ocuparnos del tema de la gobernabilidad democrática sin asumir uno de sus aspectos más relevantes, la transparencia y la lucha contra la corrupción. La percepción de la ciudadanía de que la corrupción está minando las instituciones públicas es cada vez mayor, así como el convencimiento de que los esfuerzos para enfrentarla han sido fallidos.
Esta situación debe ser motivo de preocupación, pues en sociedades donde predomina el soborno y el tráfico de influencias, la inversión tanto interna como externa se ve seriamente limitada, el desarrollo social se paraliza y el sistema democrático pierde legitimidad. Diversos estudios han establecido que altos niveles de corrupción limitan la inversión, fomentan la pobreza, incentivan la criminalidad y conducen a gobiernos ineficaces. La democracia tiene el deber de asegurar una buena calidad de vida de la gente. Sin embargo, políticas públicas que no tengan un componente de transparencia no pueden ser efectivas. La corrupción es financiada fundamentalmente por los sectores de menores ingresos, quienes reciben servicios públicos de muy mala calidad, pagan más impuestos y precios más altos por los bienes adquiridos.
Es innegable la estrecha relación entre democracia y transparencia, o lo que es lo mismo, entre democracia, rendición de cuentas y acceso a la información gubernamental. Cuando hay corrupción en un país, se reduce la confianza de la ciudadanía en el sistema político. La encuesta Barómetro de las Américas 2010, indicó que el apoyo a la democracia dominicana se ha reducido durante los últimos años en más de 10 puntos porcentuales, al pasar de un apoyo de 78.7% de los ciudadanos en el 2006 a 68.6% en el 2010.
Esto podría estar indicando la pérdida de legitimidad del régimen democrático, provocada por la frustración que siente la población frente a la creciente corrupción y el nivel de impunidad que impera en el país. Es la misma frustración sentida frente a los partidos políticos, que con sus prácticas poco transparentes se tornan cada vez menos representativos. Lo lamentable es que este desencanto está generando una amplia permisividad social frente a la corrupción. En tal sentido, bienvenida sea la fórmula de “las 4 i” presentada por la doctora Ferreira, de más información por parte del Estado, más integridad pública y privada, menos impunidad y menos indiferencia ciudadana.
