La confesa distribuidora de narcóticos de Hato Mayor y su esposo quedaron “en calidad de custodia” en el Palacio de la Policía por denuncias que involucran a miembros de la Dican, la DNCD y el Ministerio Público en actividades ilícitas.Crisania Mercedes Soriano y Éngel Santana fueron interrogados por más de dos horas y luego quedaron en calidad de custodia en la sede de la Policía, con el objetivo de proteger su integridad física.
Los esposos habían denunciado en un programa de televisión local a las dotaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y personal del Ministerio Público de Hato Mayor, quienes supuestamente le cobraban unos 100 mil pesos mensuales para permitirles vender drogas en esa demarcación.
La pareja fue trasladada por ante el jefe de la uniformada por Rafael Ureña, representante de los Derechos Humanos.
DNCD ordena investigación
Previamente, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Julio César Souffront Velázquez, había ordenado que se realizara una exhaustiva investigación en torno a las declaraciones de Crisania Soriano (alias La Rubia), al tiempo, que dispuso el traslado de la dotación en pleno de la institución en esa demarcación, como parte de las pesquisas.
Las investigaciones están a cargo del nuevo director del Departamento de Asuntos Internos de la entidad, coronel Francisco Hidalgo Tous.
Souffront Velázquez pidió a la ciudadanía mantener la confianza en la labor que lleva a cabo la DNCD en barrios, pueblos y comunidades, y reiteró que bajo ninguna circunstancia permitirá que los miembros de esta institución se excedan en el desempeño de sus funciones.
“Por el contrario, necesitamos de la colaboración de los ciudadanos para combatir con eficacia el narco y el microtráfico en cualquiera de sus manifestaciones”, sostuvo.
El presidente de la DNCD impartió instrucciones precisas para que las declaraciones formuladas en Hato Mayor por Soriano sean investigadas hasta las últimas consecuencias, a los fines de aplicar las sanciones correspondientes.
Indicó que si la investigación arroja los elementos probatorios que permitan la judicialización del caso, el mismo será traducido a los tribunales. Informó que como parte de las investigaciones, el mayor Ornaco Santos, a quien la denunciante cita como parte de las autoridades que alegadamente le exigían dinero a cambio de permitir sus actividades ilícitas, se encuentra suspendido en funciones.
