Un inversionista de origen cubano denunció que fue desalojado de forma abusiva por la Procuraduría de unas propiedades arrendadas y que habían sido incautadas a los hermanos Benítez.
Eduardo Hernández Negrete informó que arrendó dos de las propiedades que habían sido incautadas a los hermanos Benítez, mediante un contrato firmado el 13 de diciembre del 2008, con opción de compras.
Dijo que luego de hacer una inversión de casi dos millones de dólares para mantener las propiedades activas, lo sacaron a él, a su familia, y a sus empleados, a la calle y se incautaron de todos los activos, así como del contrato de arrendamiento que tenía en su poder.
“Debido a la situación mi esposa tuvo que ser hospitalizada, ya que en el momento del desalojo no me encontraba, ya que venía hacia la capital a pagar los impuestos correspondientes”, dijo Hernández Negrete.
De su lado el abogado Ricardo León dijo que una vez más la Procuraduría cometió atropellos contra ciudadanos extranjeros que vienen al país con el propósito de invertir de manera lícita. Expresó que en reunión con la Procuraduría le habían informado que más adelante le iban a decir si aceptaban o no su propuesta de compra que establece el contrato.
La acción
Detalló que sin mediar palabras, el pasado viernes a las seis de la mañana se presentó un contingente de policías, autorizados por la Procuraduría y el ministerial actuante, y desalojaron supuestamente sin ninguna orden previa de ningún juez, y sin que le hayan notificado el desalojo.
Dijo que según le informaron en el desalojo estaba presente un representante del FBI. De acuerdo al artículo noveno del contrato de arrendamiento el mismo es de duración indefinida y establece que su vigencia depende de la sentencia definitiva de los hermanos Benítez tal como establece la ley sobre lavado de activos. Los hermanos Carlos, José y Luis Manuel Benítez están acusados de estafar con 110 millones de dólares al Sistema de Seguridad Social de los Estados Unidos.
