A pesar de todo lo que algunos de nuestros dirigentes proclaman sobre nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y las garantías ciudadanas previstas en nuestra reciente Constitución del 2010, lo cierto es que cada vez más nuestro Estado y sus instituciones se están esculpiendo a la medida de los intereses particulares de los políticos de turno.
Paradójicamente la participación social que motivó las reformas institucionales en nuestro país, es cada vez menor gracias a una estrategia dirigida a cerrar las ventanas de influencia de la sociedad civil y un ejército de opinadores dispuestos a desacreditar a todos sus exponentes.
La realidad es que hoy tenemos menos contrapesos que los que teníamos en el pasado, no solo porque el Congreso se encuentra controlado por el partido oficial desde hace mucho tiempo, sino también porque se han ido reduciendo los pocos espacios de independencia existentes en el Poder Judicial, en la prensa y la sociedad civil.
Lo peor es que esto está acompañado de un fenómeno de entronización de funcionarios y sus acólitos, cuyos egos son muchas veces más grande que la geografía nacional, quienes han encontrado a través de sus mal entendidas autonomías, la vía no para ser independientes del poder político, sino para lograr que el mismo les tenga que permitir hacer lo que ellos quieran.
El uso del clientelismo, la demagogia y el asistencialismo han sido armas poderosas en manos de quienes no tienen ningún reparo en llegar cada vez más lejos con tal de conquistar sus objetivos de poder. Para eso solo han necesitado tener cada vez más dinero, lo que han logrado a través de los préstamos e instrumentos financieros.
Dentro de ese fenómeno de construcción de nuestra democracia y ciudadanía se ha ido creando una diferencia cada vez más notoria en el seno de nuestra sociedad, entre un lado que se entiende con el poder para imponer sus propias ideas sobre el manejo del Estado y las decisiones del país por absurdas que estas sean, y el otro, cada vez más aislado, de quienes disienten, y que sin importar la capacidad o autoridad moral que tengan; son demonizados por interferir con sus planes.
No solo se siente el abismo entre el poder político y la sociedad civil, sino que dentro del mismo Gobierno, dada la división de visiones existentes actualmente en el partido oficial, emerge con gran fuerza el conflicto entre aquellos que quieren hacer que las cosas funcionen mejor en nuestro país y los que, por el contrario, cada vez más quieren ser señores feudales dueños absoluto de todo.
Lo acontecido con la modificación del Código Procesal Penal que causó un tardío reclamo, al cual afortunadamente el Presidente prestó atención, es solo una muestra de hasta dónde un lado de esta sociedad es capaz de llegar si el otro, sigue dejando pasar.
Este choque, a veces tan feroz como el de los jacobinos y girondinos en tiempos de la Revolución Francesa, es una lucha desigual, la que si no hacemos lo necesario será ganada por los que solo tienen interés en acumular más poder y fortuna sin ningún límite ni consecuencias, y eso, no podemos permitirlo.
