El arduo trabajo para el montaje de las elecciones “más complejas” desde 1994, la presentación y aplicación de los resultados de la auditoría al registro civil para implementación de la Ley 169-14 y el proceso de cambio de la cédula amarilla que estuvo vigente desde 1998, fueron parte de los temas que coparon la atención de la Junta Central Electoral (JCE) este año que casi culmina.
Haciendo uso de una partida especial de RD$3,000 millones para los gastos correspondientes al año electoral, el mayor esfuerzo de la Junta lo ha supuesto, según han afirmado tanto su presidente como los miembros titulares, la aplicación del cronograma electoral, desarrollando diversas actividades administrativas de cara a los comicios del 15 de mayo de 2016, en los que serán escogidos más de cuatro mil cargos de elección popular el mismo día. Es por ello que absorbieron gran parte de la agenda del organismo arbitral lo concerniente al empadronamiento en el exterior, la apertura de varias licitaciones para la contratación de productos y servicios electorales, el reconocimiento de nuevas agrupaciones políticas, así como el reclutamiento y la capacitación del personal que trabajará en los colegios electorales y la reestructuración de 15 juntas electorales, cuya conformación fue objetada por un partido político.
En los últimos 12 meses las discusiones que se han producido respecto al concepto de nacionalidad continuaron desbordando la opinión pública, tocándole a la JCE enfrentar en la postrimería de este 2015 parte de las críticas de sectores y organismos internacionales, entre ellos la Embajada de los Estados Unidos, de cuya Sección Política se habría externado preocupación y estaría ejerciendo presión sobre las autoridades de la JCE, para que fueran eliminadas supuestas trabas burocráticas y administrativas que impedirían la entrega de los documentos a las 55 mil personas que estaban inscritas irregularmente, según arrojó la auditoría a los libros de nacimiento desde el 16 de junio 1929 hasta el 18 de abril 2007. Este proceso involucró el inventario de 116,506 libros que a su vez contenían 16 millones 748 mil 568 folios con toda la historia registrada de la República Dominicana durante esos años.
La realización de esa auditoría supuso un compromiso institucional que emanó de la sentencia 168-13 y de la Ley 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil y sobre naturalización, normas que fueron objeto de uno de los más apasionantes debates que se haya producido en el país. Sin embargo, a siete meses de haberse dado a conocer los hallazgos de la auditoría, solo alrededor de 10 mil personas amparadas por la referida ley han ido a las diferentes oficialías a retirar sus actas de nacimiento y una cantidad similar ha hecho las mismas gestiones para la adquisición de su cédula. Mientras las acusaciones a la Junta continúan.
Ocho meses inmersos en cedulación
En los últimos ocho meses de este año, la JCE ha estado inmersa también en el proceso de expedición de la nueva cédula que tendrá una vigencia hasta 2024. Los 176 centros de cedulación y las unidades móviles de la institución a nivel internacional habían entregado hasta el día nueve de este mes, un total de seis millones 630 mil plásticos con el nuevo formato que tiene unos 23 elementos de seguridad adicionales a la vieja cédula.
Para hoy martes 15 estaba pautado el cierre de la emisión de cédulas con fines electorales, para proceder al cierre del padrón electoral, pero ayer en una sesión del pleno de la JCE se prorrogó esa fecha por un mes más atendiendo una petición de tres partidos políticos, porque faltarían más de 600 mil dominicanos por adquirir el documento.
Insistencia en iniciativas legislativas
Como forma de insistir para la búsqueda del equilibrio y la regulación del sistema partidista, en febrero de este año la JCE sometió ante el Senado y la Cámara de Diputados, los proyectos de leyes de Partidos Políticos y el que crearía la Ley Orgánica del Régimen Electoral, cuya inexistencia constituye una “amenaza”, según ha declarado el presidente de la Junta, Roberto Rosario, puesto que en las actuales circunstancias, la calidad de la representación política que surja de las urnas descansará más en la fuerza del dinero y no sobre la base de convicciones e ideas.
Novedad en comicios
La adquisición de equipos que permitirán la automatización del registro de electores concurrentes y el conteo de los votos en cada uno de los 16 mil colegios electorales donde votaran más de siete millones de dominicanos, es un punto que se ha anotado la Junta en aras de la transparencia en los comicios, lo que supone la eliminación del componente humano en el escrutinio.
En las elecciones del 2016 se disputarán 4,106 cargos electivos, entre el Presidente y Vicepresidente, 262 puestos a nivel congresual, de ellos 32 senadores, 178 diputados, 20 diputados al Parlamento Centroamericano con los 20 suplentes correspondientes, así como siete diputados en el exterior y cinco diputados nacionales. Mientras que para el nivel municipal serán elegidos 3,842 puestos, distribuidos entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, suplentes, directores y vocales.
21 resoluciones y tres reglamentos aprobados
El pleno del organismo arbitral aprobó importantes y polémicas resoluciones este año, 21 en total, incluida la que dispone la redistribución de diputados en las elecciones del 2016, la que ordena el cierre temporal para los cambios de residencias en la cédula con fines electorales y la que obliga a los partidos a incluir un porcentaje no menor del 33% a favor del sexo femenino, del total de los cargos propuestos en los niveles congresuales y municipales.
De igual forma, el pleno emitió tres reglamentos: el de la distribución económica del Estado a los partidos, el que instauraría por primera vez en el país el voto penitenciario en el nivel presidencial (solo en las cárceles del nuevo modelo) y el que establece los criterios para la observación electoral.
