La Junta Central Electoral –JCE- presentó este sábado un resumen de la ejecución de sus recursos presupuestarios asignados, correspondiente al período del 1 de enero al 31 octubre del presente año, así como de los fondos recaudados por concepto de auto-gestión en el período de referencia.
Al presentar el informe, el organismo refiere que uno de los problemas que más afectan su desenvolvimiento financiero, es el monto de la deuda acumulada la cual al cierre del período asciende a RD$1,001,237,158.12.
“Desde año 2007 a la fecha, la Comisión de Compras y Licitaciones ha realizado un total de 138 licitaciones. 60 fueron bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN), 68 corresponden a Licitaciones Restringidas (LR), 3 fueron Licitaciones Públicas Internacionales (LPI) y 7 conciernen a casos de excepción (CE), todas realizadas con total apego a la normativa vigente en materia de compras y contrataciones públicas y prestando atención debida a principios de transparencia, publicidad y participación que han normado actuaciones de la JCE”, expuso el organismo durante una rueda de prensa y cuyos detalles fueron difundidos en su cuenta de Twitter.
Dijo que en el total de los eventos conducidos por esa Comisión, han participados unos 6, 297 oferentes, (empresas o personas), de los cuales, una cantidad significativa corresponde a empresas o personas físicas diferentes, lo que demuestra, por un lado, el nivel de confianza que tienen los comerciantes de la República Dominicana hacia los procesos de compras y contrataciones realizados por la Junta. Por otra parte, pone de manifiesto la eficacia y eficiencia de los llamados públicos hechos por ese órgano electoral a través de los medios masivos de comunicación y finalmente ha provocado un incremento importante en el banco de suplidores de la institución que cuenta con 896 suplidores registrados, todos acreditados por la DGCP.
Subrayó que del total de adjudicaciones realizadas por la Comisión de Compras y Licitaciones, un 56% recayó sobre las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), mientras que las grandes empresas fueron adjudicatarias en un 19 % y un 25% correspondió a empresas que en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, figuran como “no clasificadas”.
La Junta reiteró que está “incondicionalmente” a disposición de la Cámara de Cuentas para que cada vez que lo considere procedente, “realice tantas auditorías e inspecciones que entienda necesarias y le sugirió que en su próxima planificación de auditoría al organismo, incluya dentro de su programación, cualquier tema de interés que pueda tener la Contraloría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Compras y Contrataciones, así como cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo, para que de esa forma sean debidamente informados de todas las acciones que se realizan en esta institución.
