Joaquín Ricardo, ex secretario político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y ex canciller de la República, rechazó señalamientos publicados en elCaribe en el que se atribuye a Joaquín Balaguer obtener triunfos electorales de manera fraudulenta.A continuación la comunicación donde Ricardo hace las precisiones:
Señor director:
Concluidos los comicios generales transcurridos en nuestro país, y cumplido cabalmente el compromiso personal e institucional asumido por el país y con el presidente Danilo Medina, con el decidido propósito de contribuir con su proyecto electoral sustentado en la continuidad de la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo del país, por lo que me permito referirme a ciertas consideraciones emitidas en algunos reportajes publicados por elCaribe, bajo su digna dirección, reportajes referidos al certamen electoral del pasado día 15.
Cito:
El día 28 de abril del presente año, en la página 8, con el epígrafe de “EE.UU. siempre hurga en los procesos electorales”, Rafael Alonso Rijo afirma, en referencia a las elecciones de 1990, que las mismas “culminaron con el expresidente Joaquín Balaguer robándole el triunfo al profesor Juan Bosch”. Agrega, más adelante, que “en las elecciones de 1994, en las que nuevamente Balaguer contó con la JCE para materializar el fraude electoral a su favor contra José Francisco Pena Gómez”.
El día 10 del mes en curso, en la página 6, la periodista Natalí Faxas, en un artículo con el titular de “Siete grandes crisis de la Junta Central Electoral” dice, entre otras consideraciones, “la figura de Balaguer fue señalada por la oposición como el causante de los cinco procesos electorales más dudosos de la JCE. En sus años de gobierno “colorao” (1966-1978 y 1986-1996) la Junta respondió al Palacio Nacional.”
En primer lugar, señor director, en ninguna de las elecciones en las que participó como candidato el doctor Joaquín Balaguer se confirmó fraude alguno. En las mismas, como en todo certamen electoral, existieron irregularidades que afectaron a todos los partidos, como concluye el informe elaborado por el Centro Carter, con relación a las elecciones de 1990. En ningún lugar del referido informe se expresa que dichas irregularidades viciaran el proceso, ni alteraran sus resultados. Las irregularidades, no fraude, propias de todo proceso en el que actúa el ser humano, solo revistieron importancia en 1978, donde hubo un considerable dislocamiento de votantes.
En segundo lugar, el alegato de que la Junta Central Electoral en los gobiernos reformistas respondía al Palacio Nacional carece de fundamento. Los integrantes de la Junta Central Electoral eran escogidos por el Senado, obedeciendo el mandato de la Constitución de la República. Los seleccionados fueron siempre prominentes ciudadanos de incuestionable trayectoria personal y cívica, como el Lic. Ángel María Liz quien estuvo en su presidencia desde 1962 hasta su fallecimiento en 1977; el doctor Caonabo Fernández Naranjo, en 1986; el doctor Froilán Tavárez, en 1990; el doctor Manuel García Lizardo, en 1994, para solo citar los presidentes de la Junta en los certámenes electorales en los que participó el doctor Joaquín Balaguer como candidato del Partido Reformista, todos ciudadanos poseedores de una reconocida solvencia moral, quienes no pueden ser sindicados como simpatizantes políticos del candidato reformista.
Por otra parte, la preservación de la paz y el orden público constituye el primer deber de todo gobierno. Entre 1966 y 1978 las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ante los constantes asesinatos de sus miembros para despojarlos de su arma de reglamento; las bombas y otros actos terroristas; los asaltos a los Bancos, secuestros de personas, secuestros de aeronaves; las abiertas incitaciones a los mandos militares en su afanosa búsqueda de “un coronel que quisiera casarse con la gloria”, fallida consigna enarbolada por los grupos de oposición que decidieron transitar el camino de la insubordinación y de la violencia, por lo que, señor director, las instituciones responsables de mantener la estabilidad del país solo cumplieron con su deber. El gobierno del presidente Balaguer se vio compelido a preservar la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, fuera o no del agrado de aquella izquierda marxista, alentada por la Guerra Fría, que se creía dueña de la verdad absoluta en el orden político, al margen de los dictados de la democracia.
Finalmente, desde las elecciones de 1966, los derrotados en ese certamen electoral insisten en una interpretación maniquea y acomodada de nuestra historia política contemporánea, en la que el presidente Balaguer representa “la derecha reaccionaria y conservadora”, a pesar de haber tomado medidas de alto contenido social como el cierre de los aserraderos, el auspicio de una sólida clase media; de las Leyes Agrarias; del saneamiento de la economía nacional, y de las miles de obras erigidas con recursos propios en todo el país, así como el ordenamiento urbano de la ciudad de Santo Domingo y de todo el territorio nacional.
Pasan balance y juicio histórico sumario de las administraciones reformistas los mismos que se le opusieron rabiosamente con los métodos violentos antes descritos, en los que sus muertos eran ejecuciones revolucionarias y los de las Fuerzas del orden asesinatos.
A cinco décadas de las elecciones del primero de junio de 1966, debemos comenzar a desmontar ese enfoque parcializado y lleno de infundios con el que se suele analizar las gestiones administrativas del presidente Balaguer, a quien muchos “nunca le perdonan su superioridad”; pero cuando predomine la sensatez por encima de las pasiones, la Historia, esa “madre de la verdad” a la que se refirió Cicerón, entonces los hechos del pasado serán analizados con justicia y ecuanimidad.
Al agradecer la publicación de la presente, le saluda, atentamente,
Joaquín Ricardo.
