Jóvenes de la región se pronunciaron ayer contra la violencia a la niñez y propusieron a los legisladores crear un marco legal que prohíba el castigo físico a los infantes.“Que prohíban de una vez por todas el maltrato, el abuso, el castigo físico a los niños y niñas. Con eso se llevaría un mensaje claro a la sociedad de que no estamos de acuerdo con la violencia”, subrayó Rolan Angerer, representante del Movimiento Mundial de la Infancia.
“Deberíamos llevar a la mano de la población políticas públicas educativas para demostrar a madres, padres, a las comunidades, a las instituciones, maestros y maestras cómo deben tratar a los niños y las niñas”, agregó Angerer, al participar en el Primer Encuentro Centroamericano y del Caribe en Seguimiento al Estudio de Naciones Unidas sobre Violencia contra la Niñez realizado por la ONU, que culminó anoche en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Un grupo de adolesctentes del país, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México y Nicaragua realizaron su propuesta durante la clausura del evento que reunió a unas 250 personas, entre ellas autoridades del Estado en materia de niñez, organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, niños, niñas y adolescentes que trabajan por la no violencia hacia la niñez.
Los jóvenes realizaron un diágnostico en el que identificaron las causas, consecuencias y las acciones que deberían ejecutar los gobiernos para prevenir la violencia infantil. Partiendo de este análisis redactaron lo que se denominó la “Declaratoria de Santo Domingo” contra la violencia en las instituciones y hogares de acogida a las víctimas, en las escuelas, en el hogar, en la comunidad y en el ambiente laboral. Recomendaron a los gobiernos implementar leyes que eviten el castigo y prevenga la violencia hacia los niños y que los ministerios de Justicia ejecuten más medidas preventivas y no solo correctivas para los niños, niñas y adolescentes.
Sugirieron que el sistema de justicia penalice a los adultos acusados de promover la delincuencia adolescente y que los gobiernos distribuyan mejor los presupuestos para fortalecer los servicios en materia de educación y salud, para contribuir al desarrollo integral de la niñez.
