MIAMI— Un juez federal bloqueó el lunes temporalmente una nueva ley en Florida que impide a las empresas buscar contratos con el gobierno estatal o local si éstas o cualquiera de sus afiliadas también hacen negocios con Cuba o Siria.
Una subsidiaria de un conglomerado brasileño interpuso una demanda con el argumento de que la ley es inconstitucional. Odebrecht Construction Inc. alega que la ley va en contra las facultades únicas del gobierno para dirigir la política exterior de Estados Unidos.
El juez federal de distrito K. Michael Moore señaló que al menos en otras tres ocasiones se han emprendido esfuerzos similares contra Cuba en el pasado. El sur de Florida es hogar de muchos cubanos y cubanos-estadounidenses que se oponen al régimen de los Castro en la isla.
Moore emitió el interdicto temporal y agregó que era claro que Odebrecht probablemente se impondrá en sus alegatos, lo que significa que la ley podría prohibirse permanentemente.
«Si son asuntos exteriores, son asuntos exteriores», dijo Moore en su fallo. «Como si no existiera algún precedente allí».
La ley, que entrará en vigor el 1 de julio, se aplica a los proyectos estatales y locales por valor de un millón de dólares o más. Los interesados tendrían que certificar que ni ellos ni sus afiliados tienen vínculos económicos con Cuba o Siria, aunque hay pocas dudas de que la cuestión principal para los cubano-estadounidenses en el sur de Florida sería cualquier tipo de negocio con la isla comunista.
Odebrecht, con sede en Coral Gables, es filial de la brasileña Odebrecht S.A., que tiene otra subsidiaria que trabaja para ampliar el puerto de Mariel en Cuba. Odebrecht tiene actividades de ingeniería, construcción y actividades relacionadas en todo el mundo, incluyendo trabajos importantes de este tipo en Florida, como la Arena American Airlines de Miami, el puente Nassau Sound en Jacksonville y el nuevo estadio de fútbol de la Universidad Internacional de Florida.
James E. Moye, abogado de Odebrecht, dijo que la ley impediría a la empresa participar en los contratos del gobierno. La empresa busca contratos para proyectos de transportación valuados en 3.300 millones de dólares en Florida este año.
Abogados del Departamento de Transporte estatal, la agencia señalada como acusada en la demanda, argumentaron que la ley es válida.
«Es facultad del estado de Florida determinar a quién contrata y a quién no», dijo Paul Martin, abogado de la dependencia.
Cuba se encuentra en la lista del Departamento de Estado de países patrocinadores del terrorismo, junto con Siria, Irán y Sudán.
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