El Ministerio Público explicó que de más de 20 denunciantes en el proceso solo quedó uno; los demás desistieron, algunos de forma expresa y otros por omisión.La jueza Kenya Romero, del Séptimo Juzgado del Distrito Nacional, declaró extinta la acción penal seguida al hijo de Guillermo Gómez, José Ángel Gómez Canaán, acusado de robo de identidad y hackeo a cuentas electrónicas de por lo menos 44 usuarios privados. Entre los denunciantes habían empresarios, funcionarios públicos y otras personalidades. La magistrada tomó la decisión porque el último querellante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no tenía calidad para accionar.
“La jueza comprendió que este caso no reunía víctimas, ni querellantes, salvo el PLD. La Fiscalía quedó sola”, precisó Carlos Balcácer, quien junto a Carlos Olivares defendía a Gómez Canaán.
Devolución de bienes
Según el penalista, la magistrada también dispuso el cese de cualquier medida de coerción que pesara contra su cliente y la devolución de los bienes incautados. Asimismo se ordenó el archivo del caso.
El periodista Guillermo Gómez saludó la decisión y reiteró que los allanamientos a su propiedad solo fueron parte de una persecución por disentir del gobierno del PLD. Según el comunicador, Juan Temístocles Montás, Felucho Jiménez e Ignacio Ditrén se retiraron de la acusación; previamente, Regina del Río también se separó del caso.
El abogado del PLD, Blas Minaya, explicó que ellos cumplieron con los requerimientos pero “cuando un juez verifica que los querellantes se retiran, entienden que no tienen interés”. Agregó que la jueza acogió un medio de inadmisión presentado por el acusado porque el PLD no tenía calidad para querellarse ya que la dirección electrónica afectada estaba a nombre de uno de los miembros del partido y no de la institución.
El Ministerio Público con las manos atadas
La última persona que desistió, según informó el fiscal, Germán Vásquez Sosa, fue el funcionario Juan Temístocles Montás. Explicó además que sin víctimas el Misterio Público tiene las manos atadas en el proceso. Las víctimas fueron notificadas por acto de alguacil en dos ocasiones y también fueron llamadas por el tribunal, pero nunca comparecieron.
