Juntas de vecinos son instrumentos idóneos para reclamar derechos

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Cuando el Gobierno Central o municipal deja de satisfacer las expectativas de una comunidad determinada en materia de servicios básicos, emergen las juntas de vecinos, organizaciones que fungen como intermediarias entre la población y las autoridades para tratar de solucionar las problemáticas que les afectan.

Falta de agua potable, deficiencias en el suministro de energía eléctrica, recogida de basura, control de ruidos, limpieza de cañadas, áreas verdes y construcción de canchas deportivas son algunas de las demandas enarboladas por los dirigentes comunitarios que lideran estas estructuras, que sirven no sólo como instrumentos de presión, sino también para velar por la convivencia armónica entre las familias que
residen en un perímetro determinado.

Gracias a la persistencia de estos núcleos organizativos muchas comunidades han logrado importantes conquistas sociales, imponiéndose, incluso, por encima de sectores de poder que han atentado contra la calidad de vida de sus moradores.

Fue lo que sucedió en abril del 2012, cuando la presión de dirigentes comunitarios y organizaciones sociales forzaron al ayuntamiento de Los Alcarrizos a clausurar una estación de transferencia de desechos sólidos ubicada a menos de 100 metros de un plantel escolar, que ponía en riesgo la salud de 800 estudiantes del sector Los Cerros del Norte, en el kilómetro 18 de la autopista Duarte.

Algo parecido ocurrió en el exclusivo sector de Los Cacicazgos, donde tras una larga lucha que se prolongó por casi seis años, la junta vecinal constituida en actor civil logró que una corte ordenara el año pasado la demolición de una edificación conocida como “la Torre de Plata” por considerarla ilegal ante alegadas violaciones de los linderos y no contar con planos debidamente autorizados ni licencia de construcción.

¿Por qué organizarse?
Las juntas de vecinos contribuyen a organizar democráticamente a los ciudadanos para trabajar en la defensa de intereses colectivos y en la solución de los problemas que les afectan, según recoge el Reglamento de Juntas de Vecinos elaborado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

Estas organizaciones barriales o sectoriales ayudan a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, a la buena marcha de los servicios y la preservación de la convivencia en la unidad vecinal, en coordinación con las demás instituciones públicas y privadas, sin discriminar la ideología, credo, posición económica, ni estado civil o militar de sus miembros.

Son claves para presionar por la ejecución presupuesto participativo
Tras la aprobación de la Ley 170-07, que instituyó el Presupuesto Participativo Municipal (PPM), las juntas de vecinos cuentan con una valiosa herramienta que les otorga poder y participación para decidir junto a los cabildos cuáles son las obras más prioritarias que demandan sus comunidades con el 40% de la transferencia que reciben los ayuntamientos del Presupuesto Nacional por mandato de la Ley No.163-­03.

Asimismo, les permiten tener control y dar seguimiento a la ejecución del presupuesto para el mantenimiento de las obras públicas.

Constitución
Para constituir formalmente una junta de vecinos se deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Departamento de Juntas de Vecinos y Organizaciones de Bases del ayuntamiento correspondiente.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que en el perímetro donde se constituirá la organización haya por lo menos 100 familias residiendo y que otra junta no tenga esa zona bajo su competencia.

Los vecinos deben formar un comité gestor con un mínimo de cinco personas, avalado por la firma de 20 residentes del perímetro y representado por un presidente.

Este comité tendrá la función de iniciar los trámites para la formalización de la junta mediante una comunicación escrita que incluirá un croquis o mapa delimitado que defina el lugar donde operará la junta vecinal la cual será remitida al Departamento de Juntas de Vecinos y Organizaciones de Base del ayuntamiento.

Luego, las autoridades municipales asignarán una comisión que junto al comité gestor realizará un censo poblacional donde se detallarán la cantidad de viviendas, los nombres de las personas mayores de edad que viven en ella, las iglesias, organizaciones civiles y religiosas que operan en la zona, las escuelas, parques, hospitales y demás servicios públicos existentes.

Además de formalizar su constitución, el cabildo se encarga de organizar las elecciones para elegir a la directiva de la organización.

En el Distrito hay registradas más de 455 juntas de vecinos
En el caso específico del Distrito Nacional, donde se observa una mayor organización de estos entes comunitarios, en el año 2008 la Dirección de Desarrollo Humano tenía registradas 455 juntas de vecinos: 137 en la Circunscripción número uno; 165 en la número dos y 153 en la número tres.

Este diario intentó sin éxito contactar al encargado del departamento de juntas de vecinos para actualizar estos datos pero resultó imposible.

Según consta en los archivos colgados en la página web del ADN, las autoridades municipales consultaron a las juntas de vecinos para la elaboración de sus políticas municipales, durante la celebración en 2008, del Tercer Congreso de Juntas de Vecinos, con el fin de preparar el Plan Estratégico Santo Domingo 2015.

Los dirigentes comunitarios fueron consultados en torno a la elaboración de las políticas de gestión de riesgos y desastres naturales; la definición de un plan de educación ciudadana sobre aseo urbano; políticas de gestión ambiental; de espacios públicos y áreas verdes así como la aplicación de la Ley 176-07.

Un poco de historia
Las primeras juntas de vecinos fueron creadas en el año 1979, durante el periodo gubernamental del fallecido presidente Antonio Guzmán, quien mediante decreto el 31 de marzo instituyó el Día Nacional de las Juntas de Vecinos. Ese mismo año comenzaron a funcionar alrededor de 100 juntas vecinales, con sede en Buenos Aires de Herrera, Los Alcarrizos, San Luis, Guerra, entre otras. l

Ciudad Alternativa y Copadeba

Organizaciones comunitarias como Ciudad Alternativa y el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) vienen trabajando desde los años ochenta junto a las organizaciones sociales y comunitarias del Gran Santo Domingo, especialmente en la zona norte de la capital, en el asesoramiento y canalización de sus demandas con las autoridades competentes.

Copadeba es pionera en la lucha social y en el 1979 inició una serie de acciones para detener los desalojos pretendidos en los barrios asentados en la zona norte. En el caso de Ciudad Alternativa, esta organización tiene entre sus objetivos promover el empoderamiento de actores del movimiento social urbano y la ciudadanía para juntos incidir en políticas públicas urbanas, nacionales y locales, que garanticen el derecho de la población a la ciudad y a la vivienda digna. Asimismo, contribuir al empoderamiento de las organizaciones territoriales para la participación municipal en los procesos de desarrollo local.

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