Juristas consideraron este domingo que el principal problema de la reforma al Código Procesal Penal es que incumple con las garantías al imputado y la víctima, y la administración de justicia.
Tanto Miguel Valerio como Laura Acosta Lora consideraron que las modificaciones al Código significan un retroceso para la administración de la justicia.
Acosta Lora manifestó que el sistema de justicia en el país ha colapsado, por culpa de los actores del mismo, entre los cuales se encuentran jueces, fiscales, y abogados.
“Tenemos una justicia que trabaja como un colmado. En los procesos penales el irrespeto a los plazos por parte de los jueces, fiscales, es increíble. Las cárceles están sobrepobladas por gente que no ha sido juzgada”, criticó la abogada al ser entrevistada en el programa “Líderes”, que conduce Orlando Jorge Mera.
En relación al retiro párrafo III del artículo 85 que incluye la reforma al CPP, la jurista externó su desacuerdo con dicha medida, aunque afirmó que es cierto que esa facultad de querellarse contra un funcionario ha sido utilizada “para el chantaje”.
Mientras que Valerio coincidió con Acosta Lora en que las reformas propuestas por el Congreso no tienen incidencia en la administración de justicia, sino que al contrario, significan un retroceso para la misma.
“Cuando usted tiene un Código Procesal Penal que la prisión preventiva es la regla y la libertad la excepción, estamos mal”, expresó el jurista.
Al referirse a la facultad que anteriormente preveía el CPP para querellarse contra un funcionario, Valerio dijo que a nivel internacional eso no existe. Agregó que el artículo 85 “en la práctica ha sido una industria del chantaje”.
El penalista llamó al presidente Danilo Medina a vetar las referidas modificaciones “pero no por el artículo 85, sino porque el sistema es incongruente”.
