Lo hemos dicho de muchas maneras, y lo acaba de reafirmar la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus):“Un punto común en la sociedad dominicana es la convicción de que el sistema de justicia es imprescindible como el marco para la solución, pacificación o reorientación de los conflictos sociales, siendo de este modo uno de los cimientos claves del Estado constitucional y democrático de derecho”.
Pero no será así, hasta que la sociedad dominicana no entienda rotundamente que la única forma de alcanzar la paz y la convivencia civilizada es contribuyendo a fortalecer la administración de justicia, y que los propios responsables de ese poder también acepten que su desempeño es clave para la implantación del imperio de la ley y el orden.
Todo esto viene a cuento por lo siguiente: ¿Es posible que a más de un año del asesinato del fiscal adjunto Omar Álvarez, el responsable no haya sido juzgado en alguna instancia? Que su madre, doña Andrea Rodríguez, sienta aún la herida abierta, con lacerante dolor, rabia, indignación y hasta deseo de venganza, por la frustración que causa esta irresponsabilidad de la justicia, al permitir la postergación indefinida del conocimiento del caso, en base a aplazamientos que no tienen razón de ser.
Recordar que ese crimen ocurrió en presencia de la fuerza pública, que acompañaba al fiscal Álvarez, en un allanamiento, el 30 de octubre de 2012. Lo mataron trabajando, un funcionario de la Procuraduría General de la República, que ha debido ser más diligente para que el caso se conozca.
¿Cómo explicar que el proceso no haya avanzado, que no haya una sentencia? Es más que evidente un desempeño ineficaz de los actores judiciales. Se pierde una oportunidad para que al menos se perciba que impera la justicia. Que doña Andrea no sienta esa sensación de abandono y complicidad del poder.
