La mayoría de los dominicanos se ha convencido de que no es posible mejorar la educación que reciben nuestros niños y jóvenes si no se incrementa la inversión que actualmente se hace en la misma. Tampoco será posible garantizar su derecho a una educación de calidad si no se apoya, con programas de discriminación positiva, a aquellos niños y jóvenes que, por su procedencia social, están excluidos de oportunidades educativas de calidad que les ayuden a romper el círculo vicioso de la pobreza en la que están atrapados. No hay mejor medio de combatir la pobreza que el acceso a una educación de calidad.
Lo antes dicho coloca en el centro del debate sobre la educación el tema de la equidad en el acceso a una educación de calidad de todos nuestros niños y jóvenes. Este tema, a nuestro juicio, ha sido poco analizado y, cuando se ha hecho, se ha tratado con mucha superficialidad. Es indiscutible que parte del incremento presupuestal que se reclama debe orientarse a garantizar la equidad en el acceso a una educación de calidad por parte de quienes hoy están excluidos.
Si se analiza el acceso a la educación que tienen los jóvenes de 14 a 18 años, grupo que debería estar matriculado en la educación secundaria, se observa, a partir de la Encuesta de la Fuerza de Trabajo elaborada por técnicos del Banco Central, que apenas el 22% de los jóvenes provenientes del 20% más pobre se encuentra matriculado en ese nivel, en comparación con el 69% de los que provienen del 20% menos pobre, grupo este que tiene un 12% que ya cursa estudios universitarios, comparado con un porcentaje cercano a cero para el grupo más pobre.
Sólo seis de cada 100 jóvenes del grupo menos pobre ha dejado sus estudios, comparado con un 34% del grupo más pobre. Todavía un 43% de los jóvenes más pobres cursa estudios a nivel primario, cuando deberían estar en el nivel secundario, lo que es un indicador del problema de sobreedad que existe en nuestras escuelas y el carácter eminentemente sesgado que tiene este fenómeno en detrimento de los jóvenes de más escasos recursos.
Para los jóvenes de 18 a 24 años, a quienes les corresponde cursar estudios universitarios, los niveles de discriminación son aún mayores. Un 77% de los jóvenes pertenecientes al 20% más pobre ya ha dejado los estudios, comparado con apenas un 37% del segmento menos pobre. Sólo un 4% de los más pobres están matriculados en el nivel universitario comparado con el 48% del grupo menos pobre.
Se pueden seguir haciendo comparaciones y se observará que a los más pobres les toma más tiempo graduarse, que en promedio tienen niveles de educación mucho más bajos, que la sobreedad es mayor, y así sucesivamente.
Todo esto retrata un sistema educativo que, además de no garantizarle a los jóvenes el desarrollo de las competencias mínimas requeridas para vivir en la sociedad del siglo XXI, lo poco que garantiza lo dirige a quienes menos lo necesitan.
La brecha que existe entre las oportunidades de recibir una educación de calidad que tienen los niños y jóvenes más pobres en comparación con las de los menos pobres, constituye una realidad moralmente inaceptable. Para combatirla se requerirán cuantiosos recursos para ejecutar programas de discriminación positiva que compensen las carencias de los sectores más vulnerables y los ponga en igualdad de condiciones para poder aprovechar al máximo las oportunidades educativas que se ofrezcan.
Esta realidad también interpela a quienes asumirán la responsabilidad de gobernar el país para que diseñen políticas explícitamente orientadas a disminuir estas brechas que existen entre los más pobres y los menos pobres de nuestro país. Asumido el compromiso de cumplir con la asignación del 4% del productor interno bruto (PIB) para dedicarlo a la educación, los candidatos presidenciales deben plantear cuáles son los programas que pondrán en ejecución para disminuir esta brecha entre las oportunidades de educación que tienen los niños y jóvenes de diferentes sectores sociales.
Eliminar esta brecha y elevar el nivel de calidad de la educación que reciben los sectores más vulnerables constituye, sin lugar a dudas, el principal imperativo moral y uno de los mayores retos que enfrentarán las nuevas autoridades que resulten electas el próximo año para dirigir los destinos del país.
