En diversos ríos del país permanece la práctica de extraer arena, la que, según el Ministerio de Medio Ambiente, no podrá ser erradicada en su totalidad en un futuro cercano.
Quienes se dedican a esta actividad aseguran que este ha sido su sustento por más de 30 años, mientras que Medio Ambiente alega debilidad en la ley destinada a regular esta práctica.
Los paleros son campesinos que recogen la arena de los ríos y la depositan en los camiones que venden el material. En el kilómetro 40 de la autopista Duarte, que da entrada a las comunidades El Caobal, La Represa y Medina, pertenecientes a la provincia San Cristóbal, confluyen los ríos Haina, Mana e Isa, los cuales son afectados por la extracción.
Cibao, apodo de uno de los paleros, tiene 44 años y desde hace 27 trabaja extrayendo arena, para alimentar a sus siete hijos.
“El Gobierno no quiere que uno trabaje. Se lo ponen fácil a los consorcios y difícil a nosotros”, dijo el hombre, tras quejarse de las represalias del Ministerio de Medio Ambiente, que, según dice, les destrozó ocho camiones hace dos meses.
Los camiones de tres metros de arena cuestan cinco mil pesos y los de 10 metros ascienden a ocho mil, precios que pueden variar dependiendo de la distancia de traslado.
En la comunidad La Represa, donde se efectúan los trabajos más intensos, fue observado un terreno con muchas pilas de arena. Un residente en la zona, que prefirió no identificarse, dijo que los camiones que recogen el material pasan frecuentemente los días de semana, sobre todo en horas de la noche.
Ley es débil. El Ministerio de Medio Ambiente está al tanto de que estas prácticas continúan desarrollándose, tiene centros de vigilancia que supervisan los acuíferos y las carreteras principales, sin embargo, alega debilidades en la Ley 123-71 (que prohíbe la extracción de los componentes de la corteza terrestre).
Mayo Rodríguez, encargado de comunicaciones de la institución, dijo que actualmente los que extraen material sólo pueden ser multados y apresados. “Hemos pedido a legisladores y al Ministerio Público que endurezcan la ley, porque con una sanción administrativa los infractores pagan sus penas (multas de unos 15 mil pesos). Debe retenérseles el vehículo”, sostuvo.
