La Asociación Dominicana de Importadores de Armas se ha hecho sentir con declaraciones recientes rechazando argumentos esbozados por algunas ONG’s que vinculan el auge de la delincuencia con la entrada de armas de fuego al país.
Los importadores entienden que el Decreto No. 309-6, que prohíbe la importación de armas y municiones para el comercio con particulares, es un instrumento que ha fomentado el tráfico ilícito y que es justo éste el responsable de la violencia, por lo que insiste en pedir al Presidente su derogación, tal como propuso el año pasado el Ministro de las Fuerzas Armadas Sigfrido Pared Pérez.
Se trata, sin dudas, de un tema complejo y cuyo análisis profundo requiere mucha información para justificar una de las dos grandes posiciones que tradicionalmente han dividido al mundo sobre las armas de fuego: los partidarios de la liberalización de los controles que entienden esto como un mecanismo idóneo para reducir el comercio ilegal y ayudar a la población a defenderse, y los que apoyan el control de la comercialización, importación, porte y tenencia como forma adecuada para limitar la cantidad de armas en el territorio y con ello reducir el número de muertes que son consecuencia de su uso.
Como cada sociedad tiene sus propias particularidades, es necesario estudiar los datos puntuales de República Dominicana para que las decisiones tomadas en esta materia sean más atinadas y objetivas. Por ejemplo, en nuestro país el promedio de homicidios cometidos con armas de fuego es de alrededor de 67%, de los cuales menos de la mitad corresponde a hechos delincuenciales comunes (asaltos, sicariato, entre otros) ya que la mayoría se trata de crímenes producto de la convivencia social como riñas personales.
Los ejemplos del manejo de este tema en otros países del mundo son muy distintos y distantes entre sí y con diferentes consecuencias. Una muestra de ello es que la eliminación de ciertos controles ha funcionado con éxito en Suiza mientras que el control estricto ha tenido grandes resultados en Japón.
Si algo está claro es que la legislación dominicana sobre armas de juego es obsoleta y con muchas debilidades y que su modificación es urgente para tener una ley más completa que no deje fuera aspectos tan importantes como diferenciar entre el porte y la tenencia o clasificar los tipos de licencia.
Por todo lo anterior, independientemente de la posición que se asuma sobre el planteamiento de los importadores, es tiempo de poner seria atención al tema.
