Las invasiones ilegales de tierras en el país constituyen uno de los temas que generan más preocupación e inquietudes en los inversionistas turísticos y en los hacendados y agricultores, aseguran representantes de ambos sectores.
De hecho, el asunto ha sido considerado tan grave que la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) preparó en noviembre de 2014 un diagnóstico denominado “Problemáticas de la Protección y Gestión del Patrimonio Inmobiliario en República Dominicana”, donde deja prácticamente al desnudo la magnitud del problema.
Mientras, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), Arturo Villanueva, aseguró ayer a elCaribe que “se trata de un asunto” que esa institución ha estado denunciando, porque atañe a la seguridad jurídica. “Genera inquietud el hecho de que se adquieran terrenos, sobre todo para inversiones futuras, y que luego se produzcan invasiones de esas tierras. Ha pasado en ocasiones”.
Asegura que “hay casos específicos en el Este del país, y no quiero mencionar los conflictos legales que existen en otro orden con terrenos en el Sur, que es una de las razones por las que no ha habido un formal inicio del desarrollo en esa parte del país”, advierte Villanueva cuando habla con este diario vía telefónica.
Ayer elCaribe publicó un artículo dando cuenta del incremento de las invasiones de terrenos, que si bien no son nuevas, entre 2013 y 2014 estuvieron mucho más presentes. La situación no es exclusiva de un punto geográfico. Villanueva no es tímido cuando habla de la actividad contraria a la ley. “Es una preocupación real que existe entre los inversionistas y Asonahores está muy pendiente de estos temas, porque cada vez que hay una inversión, quienes las realizarán se nos acercan y nos consultan”, indica.
Arturo Villanueva aseguró que el Gobierno dominicano da excelentes garantías para las inversiones a través del Consejo de Fomento Turístico (Confotur), pero en todo caso, según dijo, las preocupaciones fundamentales surgen en torno a algunas inversiones que se producen, pero que luego no resulta fácil producir desalojos cuando las personas se introducen en las propiedades de manera ilegal. “Eso se ha dado y recientemente Asonahores publicó un espacio pagado respaldando a uno de sus miembros que sufrió una invasión y se procedió a desalojar a los ocupantes”, agregó el vicepresidente de la Asonahores.
“La ley es clara en cuanto a la propiedad privada de los terrenos. Yo no puedo decir que las quejas entre los asociados a Asonahores son frecuentes. No puedo decir eso, pero sí puedo decir que son puntuales. Cada vez quizás son menos porque ha habido una actuación de las autoridades, pero se dan”, apuntó el representante del sector turístico y hotelero del país. Y advirtió que es un tema que cuando se produce afecta la imagen del dominicano.
El presidente de la ADHA, Ricardo Barceló, sostuvo que “al hacer el diagnóstico sobre el problema del sector y la Jurisdicción Inmobiliaria, la finalidad es tratar de reunir a todos los actores para buscar la solución”.
El diagnóstico de la ADHA deja claro que “dentro del marco normativo dominicano la protección de la tierra se cimienta en el reconocimiento del derecho de propiedad, considerado un derecho fundamental en el artículo 51 de la Constitución dominicana”.
Se fomenta una cultura de la impunidad en la RD
Los hacendados y agricultores sostienen que no dejan de ser preocupantes las problemáticas existentes para la protección del patrimonio inmobiliario al momento de ejercer los derechos y de buscar el auxilio del sistema establecido.
Aseguran que las actividades ilegales y falta de sanción por las autoridades promocionan una cultura de impunidad. Como posibles causas, la agrupación cita la falta de voluntad política, falta de una legislación más severa, falta de conocimientos técnicos por parte de los ejecutores y falta de recursos. Y como consecuencias del mal, la ADHA enumera: Fomento de las ocupaciones ilegales e invasiones, conflictos y litigios, violencia, inseguridad de los propietarios, disminución de las inversiones y proliferación de las falsificaciones, entre otros.
La ADHA recomienda establecer una política estatal de desocupación de áreas afectadas, normativas con sanciones persuasivas frente a los invasores, normativas con sanciones persuasivas frente a los diversos actores de la Jurisdicción Inmobiliaria y profesionales involucrados y concienciación y capacitación de los ejecutores.
