Los medios de comunicación locales perdieron interés en los capítulos finales del “Caso Malaya” considerado como el mayor escándalo de corrupción registrado en España, y por el cual fueron procesadas 95 personas, y los involucrados lavaron 2,400 millones de euros (más de RD$120 mil millones). La justicia investigó durante cinco años y el proceso judicial inició en el 2010 y concluyó el año pasado.
Los condenados participaron en una red mafiosa que hizo todo tipo de fechoría en negocios urbanísticos utilizando sus contactos en el Ayuntamiento de Marbella, finalmente disuelto por este caso.
¿Por qué el interés local? Primero, porque en su momento quisieron vincular a Miguel Vargas Maldonado, entonces candidato a la Presidencia, alegando sus relaciones con uno de los acusados, y segundo, porque cuatro empresarios incluidos en el expediente hicieron inversiones inmobiliarias y turísticas en República Dominicana, donde fueron tratados como grandes señores, aun cuando ya se conocían su vinculación con el escándalo que ocupó espacio en los diarios de España durante 10 años.
Las referencias contra el presidente, del hoy disminuido PRD, se desvanecieron por infundadas, pero la participación de los cuatro empresarios españoles se mantuvo hasta el final, sin que menguara el protagonismo social y económico local de los imputados Carlos Sánchez Hernández y su socio Andrés Liétor, Tomás Olivo y José Avila. Los más destacados fueron Sánchez y Liétor. Sánchez juró como ciudadano dominicano en el 2010, el año en que fue enviado a juicio por el Caso Malaya, y alardeaba de sus buenas relaciones e influencias en las altas esferas gubernamentales y políticas. Supo hacer negocios con el Estado.
Se hizo más notorio porque protagonizó varios procesos judiciales, y con el apoyo de amigos bien situados en el poder, maniobró en los tribunales para boicotear la realización del proyecto inmobiliario turístico Punta Perla, que se levantaría en una propiedad que vendió a sus promotores y después trató de recuperar con malas artes. Sánchez y Liétor llegaron tan lejos que, ya famosos por el Caso Malaya, se las arreglaron para utilizar medios periodísticos reconocidos para presentarse como buenos señores y difamar a otros empresarios con quienes hicieron negocios y no pudieron amedrentar usando sus relaciones.
Fueron sentenciados en el 2015. Sánchez se presentó el 2/02/2015 al penal para cumplir los seis años, tres meses y un día de prisión y multa de 4.4 millones de euros, condenado por cohecho, blanqueo, fraude y prevaricación. Liétor, con igual condena, huyó y fue apresado el 22 de junio pasado en Venezuela. Ávila fue condenado a tres años, y Olivo –sentenciado a cinco años por violencia de género en el 2012- fue absuelto. El Caso Malaya deja lecciones en la escena local y reivindica a las víctimas de Sánchez y Liétor.
