Latinoamérica celebra este viernes el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que constituyen el 10 % de la población de la región, en medio de una situación histórica de pobreza y también de nuevos conflictos generados por los proyectos de infraestructura, mineros y petroleros que afectan sus tierras.
Estas comunidades, que suman 50 millones de personas en América Latina y alrededor de 3,5 millones en EE.UU. y Canadá, protagonizarán diversos actos, en los que primarán la defensa de sus derechos y la preservación de las tierras que ocupan.
«El tema de políticas extractivas tenemos que debatirlo. Nosotros tenemos nuestro punto de vista y el Estado tiene el suyo», ha dicho Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una de las organizaciones sociales más importantes del país.
Por eso, según Cholango, los indígenas ecuatorianos celebrarán este viernes con la atención puesta en la posibilidad de un diálogo con el Gobierno sobre temas como la pobreza, pero también sobre minería y la industria petrolera.
En Chile, en tanto, persiste una grave situación en la zona de La Araucanía, donde la etnia mapuche, que suma unas 600.000 personas, mantiene desde los años noventa unconflicto con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que considera ancestrales.
En Brasil, donde no hay previstos actos para este viernes, pues las grandes movilizaciones son el 19 de abril, cuando se celebra el Día Nacional del Indio, también se mantiene un conflicto entre aborígenes y grandes hacendados.
Según un informe del Consejo Indigenista Misionero, 43 indios brasileños fueron asesinados en 2011 en medio de esos conflictos en las reservas de tierras, donde además se registran pésimas condiciones de salud y pobreza.
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, de visita en Brasil, donde el 0,47 % de la población es indígena, abordó el tema de la tierra y la exigencia de consultar sobre temas como la hidroeléctrica que se construye en la Amazonía.
El asunto está latente también en Paraguay, donde Amnistía Internacional ha asegurado que el Gobierno «ha incumplido de manera íntegra» con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que dictaminaron que tenía quedevolver a tres comunidades indígenas sus «tierras ancestrales».
