Durante ocho meses, la República Dominicana estuvo en el limbo jurídico. Todas las decisiones tomadas por el Estado Dominicano durante todos los gobiernos democráticos que comenzaron con el de Juan Bosch en 1962, seguidos los de Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y lo que va del Gobierno de Danilo Medina, habrían sido ilegales.
La razón de la ilegalidad generalizada del accionar del Estado Dominicano durante los últimos 52 años fue revelada por el presidente Medina, en la carta de presentación a la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Naturalización que de manera inteligente, sensata y sobretodo humana, buscó una salida al tema de la nacionalidad de los hijos de madres y padres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril del 2007, que se encontraban inscritos en el Registro Civil como dominicanos, pero que la Sentencia del Tribunal Constitucional TC/168/13 (en lo adelante, STC) había desnacionalizado.
“Algunos votaron”. El presidente Danilo Medina se refería a “hombres y mujeres que vivieron toda su vida con una identidad jurídica dominicana, que en muchos casos obtuvieron su cédula, su certificado de estudios primarios y secundarios, e incluso algunos votaron” y que ahora, gracias a la STC habían sido declarados, retroactivamente, extranjeros.
Si “extranjeros” votaron en las elecciones que ha realizado la República Dominicana desde 1962, resulta obvio que todas esas elecciones fueron fraudulentas, pues solo los dominicanos por nacimiento o naturalización, independiente de la Constitución prevaleciente en el período transcurrido entre 1962-2012, tenían derecho a hacerlo. Todos los presidentes de la República surgidos de esos procesos electorales, dada la decisión del Tribunal Constitucional, serían ilegales. Bosch, Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito, Leonel y Danilo, todos, sin excepción, habrían resultado electos en procesos donde “extranjeros” lograron votar, a pesar de que la Constitución dominicana lo prohibía.
Pero no sólo los Presidentes y Vicepresidentes que hemos tenido en los últimos 50 años serían ilegales. También los miles de senadores, diputados, alcaldes y regidores que resultaron electos en procesos electorales donde descendientes de inmigrantes de origen haitiano, que se entendían dominicanos y poseían cédula de identidad y electoral, viciaron los procesos al depositar votos que no podían ser aceptados y mucho menos computados.
Todas las leyes que han emanado de un Congreso ilegal, sometida por un Presidente también ilegal, no tienen validez. Así, por ejemplo, el Itbis, un impuesto que se creó en el Gobierno del ilegal Jorge Blanco, se convertiría en un impuesto ilegal; nadie tendría, luego de la STC, que pagar ese impuesto ilegal.
El Contrato con la Barrick-Gold sería ilegal de arriba abajo: partió de un Contrato inicial con la Placer Dome que negoció un Presidente ilegal (Hipólito); lo aprobó un Congreso ilegal; lo negoció en el 2009 un gobierno presidido por otro Presidente ilegal (Leonel); lo aprobó nuevamente un Congreso ilegal; lo renegoció el Gobierno de otro Presidente ilegal (Danilo) y lo aprobó el actual Congreso, también ilegal, pues surgió de unas elecciones donde, según el Tribunal Constitucional, permitimos que extranjeros votaran.
Durante ocho meses, los tenedores de la deuda pública dominicana, nacionales y extranjeros, sin saberlo, tenían en su poder bonos emitidos por un Estado gobernado por Poderes Ejecutivo y Legislativo que la STC había implícitamente catalogado como ilegales. ¿Tendría algún valor un título de deuda emitido por gobiernos emanados de procesos electorales fraudulentos, como sería el caso si se aceptaba que “extranjeros” votaron en nuestras elecciones? Todas las colocaciones de bonos soberanos que habría hecho la República Dominicana, en caso de que no se hubiese buscado una salida de “sentido común” al limbo jurídico creado por la STC que dictaminó que extranjeros de origen haitiano habían votado en nuestras elecciones, habrían sido ilegales. ¿Se imaginan a Hipólito, Leonel, Danilo, Fernandito, Daniel, Vicente, Simón, cerca de mil legisladores, varios directores de Crédito Público y al autor de esta columna, encarcelados en EEUU por haber emitido y colocado bonos soberanos emanados de gobiernos ilegales?
Pero lo mismo pasaría con los títulos deuda emitidos por el Banco Central. Presidentes ilegales han nombrado Gobernadores, que por transitividad, resultan ser también ilegales. Estos últimos, amparándose en una Ley Monetaria Financiera que le confiere autonomía, aprobada por un Congreso ilegal, toman la decisión de emitir títulos de deuda, bajo la creencia de que la Ley que los ampara tiene validez. Según la STC, no sirve para nada. Haitianos votaron en las elecciones que eligieron a esos congresistas que aprobaron esa Ley en el 2002.
¿Qué valor tendría el DR-CAFTA, firmado por el Gobierno del ilegal Hipólito y ratificado por cientos de legisladores también ilegales? Nadie tendría que preocuparse por la mayor apertura que dicho acuerdo, de manera gradual, va requiriendo a nuestra economía. Simplemente, luego de la STC, habría que enviar una comunicación al presidente Obama solicitando nuestras excusas por abandonar el DR-CAFTA, pues quienes firmaron y aprobaron dicho acuerdo eran gobernantes y legisladores ilegales.
Pero peor aún. ¿Acaso no sería un pedazo de papel la actual y las anteriores Constituciones de la República, a sabiendas de que todas las Asambleas Nacionales Revisoras que hemos tenido en los últimos 50 años fueron ilegales, si se acepta el precepto de la STC que dictaminó la extranjería de muchos que se consideraban dominicanos y votaron en los procesos electorales, con lo cual quedó viciado el proceso de donde surgieron el ejército de legisladores ilegales que se constituyeron en Asambleas Nacionales Revisoras Ilegales?
¿Y qué podríamos decir del propio Tribunal Constitucional? Ese nuevo segmento del Poder Judicial, emanó de la reforma constitucional del 2010. Pero ya hemos visto que esa reforma fue ilegal, ya que fue realizada por una Asamblea Nacional Revisora, que al estar conformada por legisladores ilegales, automáticamente deriva en ilegal. En consecuencia, el propio Tribunal Constitucional, luego de la STC dictada por si mismo, derivó en una entidad totalmente ilegal. En otras palabras, si la STC no era “ajustada” por la Ley de Naturalización recién promulgada, de manera que a quienes el presidente Medina se refería cuando señaló que “algunos votaron” fuesen inmediatamente reconocidos como dominicanos, el propio Tribunal Constitucional que hoy tenemos sería totalmente ilegal.
En otras palabras, el Tribunal Constitucional, sin darse cuenta, había emitido una Sentencia que entre una de sus consecuencias tenía el origen ilegal del propio Tribunal Constitucional. Si en el proceso de deliberación de la famosa Sentencia a algunos de los jueces se les hubiese ocurrido la idea de aplicar el principio de la no autoincriminación, resulta obvio que la STC hubiese sido diferente, pues los jueces del Tribunal Constitucional no iban a tomar una decisión en la cual ellos se auto-incriminaban como ilegales.
Lo anterior puede percibir como una tomadura de pelo. Pero lo que está en el trasfondo no lo es. Detrás de todo lo anterior subyace algo mucho más serio y de implicaciones muy profundas y peligrosas: el criterio de que la autonomía de algunos poderes y entidades del Estado, les confiere absoluta libertad para decidir, sin socializar, sin consultar y sin ponderar con los demás poderes del Estado, decisiones que en algunos casos podrían afectarlos seriamente. En el país corremos el riesgo de que las entidades y poderes autónomos crean que se rebajan o disminuyen, si previo a la adopción de decisiones trascendentales que pueden afectar a todo el país y al resto del Estado, realizan consultas con los demás poderes del Estado y con la propia sociedad, que les permita cuantificar y predecir con más certidumbre las implicaciones de sus decisiones.
¿Se rebajó el presidente Medina cuando consultó a todos los líderes políticos de su partido, de los partidos de la oposición, de las alianzas políticas, y de las Iglesias, sobre el Proyecto de Ley de Naturalización que pensaba someter al Congreso? Todo lo contrario. Con esa actitud sensata y humilde logró lo que muchos pensaban imposible: el apoyo de N – 4 dominicanas y dominicanos, donde N es la población total del país.
Algunas de estas entidades y poderes autónomos parecen olvidar que forman parte del mismo Estado. Hay decisiones de gran envergadura que deben ser coordinadas o socializadas entre los Poderes, aunque al final se respete la autonomía de la rama del Poder del Estado o entidad que tenga la responsabilidad de decidir.
La autonomía no puede interpretarse como un derecho a decidir sin consultar. El error más serio que puede cometer un juez es pensar que la opinión del no-jurista no tiene valor. La decisión del Tribunal Constitucional desató una serie de presiones internacionales que si no eran contenidas, pudieron haber generado pérdidas económicas considerables para nuestro país. Si la STC hubiese motivado la adopción de restricciones económicas del exterior que afectasen sensiblemente la capacidad del país de atraer inversiones extranjeras u obtener financiamiento externo, habríamos caído en una seria recesión. Las recaudaciones habrían colapsado y el Gobierno se habría visto en la necesidad de recortar el gasto en todas las áreas no consideradas como prioritarias. No hay dudas que en un ambiente recesivo provocado por una decisión del Tribunal Constitucional, no habría un área más propicia para iniciar el recorte que suspender “transitoriamente” el funcionamiento de dicho Tribunal.
Ocho meses tuvo que dedicarle el presidente Medina para resolver el problema creado por la STC. Con la Ley de Naturalización, Danilo Medina “legalizó” a Bosch, Balaguer, Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito y a si mismo. También a miles de legisladores que hemos tenido y leyes que han aprobado. Pero perdimos ocho valiosos meses. El Gobierno tuvo que invertir una buena parte del tiempo que tenía asignado a los temas centrales de la agenda nacional, a un problema inesperado surgido por la decisión del Tribunal Constitucional de dictaminar sin consultar. Durante esos largos meses pudimos haber concluido las plataformas para los Pactos Eléctrico, Laboral y Fiscal. Lamentablemente, el Gobierno tuvo que dedicarse al rescate de la sensatez, la legalidad y la humanidad en el diseño de políticas públicas que la STC había abandonado.
La STC debe servir de ejemplo a todas las entidades y poderes autónomos del Estado. La autonomía no es sinónimo de separación del Estado. No son gobiernos ni islas apartes. Son parte del todo. Si las partes halan en direcciones opuestas, el caos es inevitable. Las entidades y poderes autónomos deben ser los más interesados en que la autonomía no se perciba como licencia para hacer lo que les de la gana. Jugar a emperador no es recomendable. La humildad siempre ha sido mejor opción.
