La realización de más de 100 entrevistas, la documentación de 60 casos de dominicanos de ascendencia haitiana y fuentes secundarias le bastó a Human Rights Watch para concluir que República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de dominicanos, que además, están en riesgos de ser expulsados a Haití.
El estudio titulado “Somos dominicanos, somos dominicanas. Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”, analiza la situación de descendientes haitianos y critica que la Ley de Naturalización 169-14 “presenta numerosos problemas de diseño e implementación que como resultado, decenas de miles de dominicanos aún están privados de la ciudadanía y previstos de ser deportados”. También dice que esta ley “no resulta plenamente acorde con normas de derechos humanos”.
Human Rights Watch indica que documentó más de 60 casos de dominicanos de ascendencia haitiana que fueron detenidos arbitrariamente “y en ocasiones enviados por la fuerza a Haití”, a pesar de contar con la documentación dominicana adecuada. Fue esta información la que caldeó el ánimo de los periodistas que no recibieron explicaciones contundentes por parte del director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuando le cuestionaron insistentemente dónde estaban las pruebas de esas deportaciones.
La respuesta a los medios de Vivanco fue que la organización recoge en su informe y en su página web un video que muestran varios testimonios de dominicanos que han sido expulsados. “Son casos ilustrativos. No hemos podido ni hemos querido, no es nuestra obligación ni nuestra intención hacer una evaluación exhaustiva, cuantitativa de cuántos han sido los números”, dijo el representante de la ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en el mundo, con sede en Estados Unidos.
Al cuestionársele cómo 60 casos pueden llevar a un estudio de esta naturaleza a concluir con una situación generalizada y datos tan comprometedores, Vivanco respondió lo siguiente: “Son abusos que se han producido por parte de militares y funcionarios de Migración, quienes arbitrariamente han expulsado a dominicanos del país. No estamos generalizando, estamos ofreciendo una muestra, un ejemplo que lo que sirve es para demostrar la gravedad del problema”. La investigación será distribuida en más de 40 países en todo el mundo.
Ante el “peligro real de una masiva deportación de dominicanos a Haití” que teme el organismo, Human Rights Watch llegó incluso a recomendar, entre otras cosas, que se condicione a República Dominicana su entrada como miembro de la Comunidad del Caribe –Caricom-, si no cumple con sus deudas en materia de derechos humanos. Otra sugerencia al Gobierno es que “debe cesar inmediatamente de expulsar a dominicanos de ascendencia haitiana”, y así sigue insistiendo con las deportaciones.
En su metodología, el análisis se sustentó en el resultado “más de 100 entrevistas” en 13 provincias del país, la documentación de casos particulares (no habla de cantidad) y el análisis de fuentes como estadísticas e informes oficiales, sentencias y publicaciones de ONG y noticias. No fue un equipo de investigadores, sino uno que viajó al país durante ocho semanas, entre febrero y mayo de este año, para llegar a todas estas conclusiones.
Al referirse a la Ley de Naturalización, el estudio señala que con ésta el Gobierno “sigue limitando el goce del derecho a la nacionalidad imponiendo procesos burocráticos innecesarios”. También, Vivanco destaca que si no se corrigen la práctica y la implantación de esa legislación, “estamos expuestos a un grave peligro de deportaciones masivas”.
Para Human Rights Watch, decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan en una situación legal indefinida, sin posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales. La entidad concluye con este estudio de 43 páginas que los dominicanos de ascendencia haitiana todavía no pueden declarar a sus hijos o inscribirlos en la escuela. Vivanco menciona que la entidad que representa en el país está consciente de los esfuerzos que realiza el Gobierno dominicano por “mitigar” las consecuencias de la sentencia retroactiva 168-13 del Tribunal Constitucional “que está contraria con las obligaciones jurídicas internacionales a las que República Dominicana está adscrita”.
Repuesta del Gobierno
De inmediato, el Gobierno dominicano rechazó el informe rendido por Human Rights Watch en el que acusa al país de llevar a cabo deportaciones masivas contra miles de haitianos. “No podemos tolerar que cualquier persona venga a nuestro país, diga mentiras, pretenda hacerle daño a República Dominicana y no obtenga una respuesta. Usted tiene libertad para decir, pero debe saber también que si le falta el respeto a nuestro país sepa usted que nos va a tener de frente y que le vamos a responder” dijo el portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena.
Un ácido choque de los periodistas con Vivanco
Era una rueda de prensa común, hasta que iniciaron las preguntas. La insistencia en que el director de Human Rights diera pruebas de las deportaciones que menciona en su informe terminó irritando a los periodistas, hasta el punto de que algunos en lugar de preguntar comenzaron a reclamarle con tono crítico por qué tanto ataques al país, cuando en Bahamas la situación es crítica para los haitianos.
Incluso, el director de Distribución de Gestión Comunicacional de la Presidencia, el periodista Moisés González, mostró una foto de ese Estado donde se observan a indocumentados en una especie de jaula y le preguntó a Vivanco que diera su opinión.
En todo momento, el hombre que expuso las conclusiones del análisis se mostró sereno.
