Las autoridades policiales y del Ministerio Público desbarataron el servicio policial comunitario de Matanzas, en Santiago, e incluso, arrestaron a varios de sus integrantes. La gente de la comunidad ha protestado, con manifestaciones.
Las autoridades están obrando con la fuerza que les da la ley, porque entienden que están ante lo que se puede considerar una usurpación de funciones. Y tienen razón, aunque los vecinos de Matanzas dicen que los “policías comunitarios” actuaban en coordinación con la Policía y hasta con la Fiscalía. Incluso, afirman que detenían delincuentes que entregaban en los cuarteles más cercanos.
La “policía comunitaria” tenía un local, identificado con un logo o escudo similar al que utiliza la Policía Nacional, en condiciones más dignas que las de muchísimos cuarteles de diferentes municipios. Tenían aparatos de comunicación y otros instrumentos muy propios de sus labores.
No sabemos si los jefes policiales de Santiago y toda la República se preguntan por qué en barrios y pueblos la gente trata de hacer justicia con sus propias manos. También ignoramos si los uniformados o los fiscales saben que con frecuencia los vecinos van a los cuarteles a quejarse con justas razones y no les hacen caso. No sabemos tampoco si esas autoridades se enteraron de que una pobre mujer de Santiago fue asesinada por su ex marido, después de denunciarlo al menos 18 veces y que incluso filmó un vídeo advirtiendo la situación, en lo que vino a ser una dolorosa crónica de una muerte anunciada, protagonizada por la propia víctima.
En fin, que en este país, la gente, ante tanto desamparo, inseguridad e indiferencia de la Policía, está recurriendo a sus propios medios para defenderse, para evitar que le roben, asalten o asesinen, incluso en sus propias viviendas.
Probablemente, a los miembros de la “policía de servicio comunitario” de Matanzas los procesen, pero al margen de que se hayan colocado fuera de la ley, hay situaciones muy concretas que empujan a la gente a buscar medios de autoprotección ante la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad pública.
