Los aportes analíticos y propositivos de OXFAM en materia de inequidad parecen inagotables. A inicios de año produjo “Tenerlo todo y querer más”, un reporte de carácter global que denuncia, con evidencia en mano, la ultra-concentración de la riqueza en el mundo, y los esfuerzos que hacen las élites beneficiarias por ganar todavía más incidiendo sobre las políticas de los gobiernos de los países más ricos.
Ahora nos ofrece “Privilegios que niegan derechos”, un nuevo informe que da cuenta no sólo de la ya conocida historia de la desigualdad extrema que existe en América Latina, sino de la enorme concentración de poder que prevalece, y de cómo ese poder se usa para reforzar la inequidad cuando logra que las políticas públicas se diseñen a favor de una élite muy reducida, y que los privilegios económicos que ésta disfruta se prolonguen y se expandan, mientras el resto queda marginado. El informe no duda en calificar esta situación como un “secuestro de la democracia” en donde impera el lobby ilegítimo, el tráfico de influencia, el control de los medios de comunicación, la corrupción y el clientelismo. La consecuencia ha sido una profunda y bien justificada insatisfacción con el sistema político.
Algunos de los resultados de ese secuestro son unos pírricos salarios mínimos; unos sistemas de protección social frecuentemente privatizados e inefectivamente regulados; unos servicios públicos de baja cobertura y de mala calidad para la gente pobre; inequidades de género que no son enfrentadas; unas débiles políticas para el desarrollo productivo y el empleo de calidad; y políticas fiscales que resultan en recaudaciones insuficientes que impiden financiar adecuadamente la provisión de bienes públicos, en exenciones escandalosas para los más ricos, y en un gasto público que también tiende a beneficiarles en demasía.
En ese sentido, OXFAM vuelve a poner el énfasis en que el problema no es sólo la pobreza sino también la desigualdad porque ella explica en mucho la persistencia de la pobreza al hacer que los resultados del crecimiento se distribuyan de forma muy inequitativa beneficiando mucho menos a los pobres que a los ricos. La concentración, entonces, no es un fenómeno “natural” sino inducido desde el poder.
El informe se adentra en las particularidades de la región, recordándonos que es la más desigual del mundo no sólo en ingreso sino también en riqueza y patrimonio. Los últimos datos disponibles indican que mientras el 10% más rico de la población de la región acapara el 71% del patrimonio y de la riqueza, el 70% más pobre sólo posee el 10%. A la tradicional concentración de la tierra que ha marcado la historia de la región por siglos se suma la de otros activos como los financieros, y las acciones y la propiedad inmobiliaria.
Pero, además, provee evidencia estadísticas del Reporte Mundial de los Ultra Ricos 2014 de UBS, una entidad financiera global, que muestra que entre 2002 y 2015 las fortunas de los mil-millonarios latinoamericanos crecieron a una tasa promedio anual de 21%; esto es un ritmo más de 6 veces mayor al que creció el PIB de la región en ese mismo período. Las personas mil-millonarias son aquellas con un patrimonio superior a los mil millones de dólares y suman poco menos de 15 mil personas en toda la región.
Al mismo tiempo, muestra que la riqueza de los mil-millonarios latinoamericanos está vinculada principalmente a cuatro sectores de actividad: telecomunicaciones, bebidas, finanzas y extracción. El caso de telecomunicaciones es paradigmático porque está ultra-concentrado en una sola persona: Carlos Slim; la concentración de los ricos en el sector financiero es típica porque desde allí se ejerce un control inigualable sobre la riqueza de las naciones; mientras, las industrias extractivas son grandes beneficiarias de tratamientos tributarios excepcionales y de una inefectiva regulación ambiental que se traduce en que los pasivos de la actividad los pague el resto de la sociedad. Esto no sólo incluye la minería sino también los hidrocarburos y los grandes agronegocios de exportación que deforestan, contaminan con agroquímicos y hacen uso excesivo de aguas.
Por último, avanza un amplio abanico de propuestas que incluye políticas para una creciente formalización de negocios y empleos que además expanda la base fiscal; una política de salarios mínimos crecientes; programas para universalizar la protección social, en especial hacia informales y mujeres; intervenciones concretas para reducir la desigualdad de género; y políticas fiscales que incrementen la presión tributaria, reduzcan y racionalicen las exenciones, y contribuyan a ir haciendo desaparecer los paraísos fiscales.
“Privilegios que niegan derechos” es otro sólido documento que da nueva vez en el clavo: la pobreza y la desigualdad van de la mano y son empujadas desde el poder que impone reglas inequitativas. Por ello, cambiar el rumbo pasa necesariamente por cambiar las reglas.
