El juicio político o impeachment contra la ahora depuesta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, concluyó tal y como una gran parte de la opinión pública internacional pensaba.
Este jueves el Senado votó 61-20 a favor de la destitución inmediata y definitiva de Rousseff, quien ha sido hasta el momento la primera y única mujer en gobernar Brasil.
Tal como apuntaba un artículo publicado por nosotros el día 13 del mes pasado, este tipo de sucesos Brasil no solo se queda en sus fronteras, sino que la destitución por vía de juicios políticos de presidentes democráticamente elegidos tiene eco en todo el sistema presidencialista en América Latina que podría en algún momento desencadenar en crisis de gobernabilidad en otros países de la región o, por el contrario, mejorar el ejercicio de algunos gobiernos con barbas en remojo.
En América Latina, aun cuando los golpes militares son cosa del pasado, los conflictos y crisis constitucionales no han desaparecido totalmente, por el contrario, a diferencia del pasado, en el que los poderes del Estado se disputaban espacio y preeminencia, en el nuevo contexto democrático, estas luchas intestinas han evolucionado y se resuelven ahora dentro del marco de una legalidad que, aunque cuestionada a veces por injusta, no deja evidentemente de ser legal.
El proceso que se ha llevado en Brasil en contra de un gobierno electo por 54 millones de personas y finalmente destituido por la ínfima cifra de 61 senadores es una clara evidencia de lo expuesto en el párrafo que antecede y debe llamar por lo menos a la reflexión a quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos de nuestras naciones. Bajo un mecanismo constitucional se ha llevado a cabo la interrupción abrupta de un gobierno electo en las urnas.
Deben estar claros los gobiernos latinoamericanos en que la adopción de políticas que generen escándalos, sin importar el nivel de aceptación con el que hayan llegado al poder podría generarle este tipo de procesos u otros parecidos.
A veces, llegar al poder con demasiado apoyo electoral representa un peligro potencial pues estos gobiernos se embarcan correctamente en reformas que terminan quebrando patrones institucionalizados en el statu quo o hiriendo intereses de las élites y de las esferas de poder, lo que genera indefectiblemente enfrentamientos que podrían socavar poco a poco la autoridad del gobierno.
Esto, acompañado de crisis económica y de una opinión pública dispuesta a movilizarse, combinado, como en el caso de Brasil y de Venezuela, con un capital político del partido de gobierno insuficiente para controlar efectivamente el congreso, se convierte en una bomba de tiempo.
En este tramo de la discusión y el análisis, por supuesto, quedan atrás ya las inferencias a la culpabilidad o inocencia de la expresidenta Rousseff y preocupa realmente la facilidad con la que gobiernos elegidos en torneos democráticos abiertos son cuestionados y depuestos, sin que aparentemente exista una violación en todo ese ciclo a la norma constitucional, pero dejando una estela de cuestionamientos enorme acerca de la justeza y pertinencia real de este tipo de proceso.
Democracia participativa
y democracia representativa.
Los casos de Brasil y Venezuela
La destitución definitiva de Dilma Rousseff cuenta con un porcentaje enorme de desaprobación en la opinión pública internacional. Paradójicamente, igual o mayor porcentaje estaría de acuerdo en que Nicolás Maduro sea sacado de la presidencia de Venezuela, aun cuando ambos han sido legitimados con el voto popular.
La situación económica de Brasil no es de las mejores actualmente, lo que se entiende debido a su nivel de sensibilidad a los precios de los commodities, los cuales, junto con el petróleo, han experimentado bajas brutales.
Este estado de cosas, naturalmente, en un país con una clase media pujante y numeraria, enfrentada a nuevas carencias y, mediatizada negativamente ante situaciones de corrupción estatal, no podría desembocar de otra forma que no sea en eventos no gratos para el Gobierno, algo incluso que se reproducirá frente al recién instaurado Michel Temer.
Por otro lado, lo que pasa en Venezuela parecer ser insostenible. La situación de desabastecimiento de productos de consumo básico ha provocado un descontento sin precedentes con el Gobierno. A modo de ejemplo, según Daniel Pardo, corresponsal de la BBC Mundo en Venezuela, solo puede retirarse la ínfima suma de US$16 al día, lo que evidencia la existencia de una economía colapsada totalmente.
La dependencia exclusiva del petróleo, el descuido a otros medios de producción de riquezas, la distribución de bienes y servicios atendiendo exclusivamente a tendencias populistas, entre otras muchas cosas, han provocado que no solo el gobierno de Maduro camine al borde de un profundo abismo, sino también la solvencia internacional de Venezuela como tal.
Entonces, si en ambos países existen situaciones similares que sugieren un mal ejercicio de gobierno, ¿por qué algunos estarían felices sacando a Maduro del gobierno en Venezuela y no a Rousseff en Brasil?
La respuesta está en el método. Tal como apuntaba más arriba, el nuevo contexto democrático latinoamericano ha propiciado que las tensiones institucionales se resuelvan dentro del marco de la legalidad, por lo que tanto el impeachment establecido en la constitución de Brasil como el referendo revocatorio en Venezuela son total y constitucionalmente legítimos.
La diferencia está en que en Brasil 61 senadores han decidido la carrera política de una presidenta electa por 54 millones de personas, sin embargo en Venezuela, revocar a Maduro requeriría 7,585,579 votos válidos efectuados por el mismo pueblo que lo eligió. Es la contraposición de actos derivados de la democracia representativa en Brasil frente al ejercicio de una democracia participativa en Venezuela.
En Venezuela parece sumamente más difícil revocar a un presidente por la cantidad de votos que tendría que lograrse, luego de que un 20% de los inscritos en el registro electoral accionara positivamente con su firma a favor del referendo revocatorio. Aun así a la gente le parece más justo que se le pregunte al pueblo que ha elegido a un presidente si desea destituirlo o no, prevalido de un método participativo previsto en la democracia.
En fin, ¿cuál es el método más apropiado entonces? Ambos tienen elementos criticables, sin embargo, ambos asimismo son el resultado de la voluntad del pueblo. El peligro radica en la manera en la que se utilicen.
Si el juicio político, principal herramienta para dirimir las crisis entre el ejecutivo y el legislativo a partir de la década de los 90, se utiliza en el seno del congreso de forma alegre y flexible para destituir a un presidente asimilándolo a un proceso de contraposición a la moción de confianza utilizada en los sistemas parlamentarios, definitivamente está América Latina frente a un fenómeno que constitucionalizaría los golpes de estado legislativos.
Si por el contrario se logra alguna especie de modelo mixto en el que tanto los representantes como los representados puedan accionar conjuntamente en las decisiones del juicio o del referendo revocatorio, en coincidencia positiva de la democracia representativa y participativa y bajo condiciones jurídicas e institucionales que garanticen procesos diáfanos y justos, estaríamos frente a un mecanismo favorable a la transparencia, rendición de cuentas y a la efectividad de los gobiernos.
