Es fácil despachar con notas negativas a la administración Fernández en materia de política social. Después de todo, los indicadores sociales, evidencia por excelencia de los resultados de una gestión de políticas, han cambiado poco en ocho años. Tome el que usted quiera entre los más destacados tales como alfabetismo, mortalidad infantil, desnutrición infantil y subnutrición, o calidad de la vivienda, y tendrá resultados parecidos.
La reducción de la pobreza monetaria, estandarte en el discurso oficial sobre los resultados de su política económica y social, sólo fue particularmente intensa durante los primeros tres años de gobierno, y parece más el resultado de un “rebote” después de la crisis que por la consecuencia indiscutible de una nueva política, especialmente cuando su dimensión social apenas arrancaba. Más difícil es reconocer avances en este período y extraer lecciones útiles para inaugurar una nueva y necesaria era en la acción pública en materia de bienestar social. Me permito proponer cuatro lecciones.
La primera, aunque no la más importante, es que el país en general y el Estado en particular a través de Solidaridad demostró tener la capacidad para desarrollar programas de asistencia social dirigidos hacia población pobre o indigente identificada como tal a través de métodos rigurosos, y que la asignación de ayuda no está irremediablemente condenada a la militancia partidaria o actividades similares. En ese sentido, ese esfuerzo de política, que venía siendo impulsado desde la administración anterior, implicó un salto relevante en materia técnica e institucional.
La segunda es que, a pesar de eso, los programas de asistencia social, por más técnicos y rigurosos que sean, no escapan a la influencia del clientelismo, convertida en práctica política dominante. Aunque el programa superó el burdo hábito de utilizar la asistencia para devolver favores políticos, después de todo, para muchos y muchas se trata de “la tarjeta del Presidente”, y probablemente le hayan devuelto el favor con el voto. Sería ingenuo pensar que la expansión del programa no buscó ese objetivo. Aunque a diferencia del pasado, en este caso no se habría tratado de pagar directamente favores, sí de buscar clientes entre los pobres. La lección concreta que nos deja esta experiencia es que en la medida en que la población perciba la asistencia social como un favor y no como una obligación pública para que la población ejerza un derecho, y en la medida en que quienes detentan el poder del Estado lo utilicen con conciencia de eso y lo usen para que la gente “les deba algo”, la asistencia social alimentará el clientelismo, desnaturalizará la política pública y debilitará la conciencia de derechos.
La tercera es que la política social no puede descansar esencialmente en un programa como Solidaridad. Son las políticas de salud, protección social y educación el núcleo duro de la política social en la medida en que, distinto a la asistencia, son las que transforman directamente las capacidades de las personas, para convertirlas en ciudadanos y ciudadanas, y en agentes más productivos. Han sido las falencias en estas áreas las que han explicado los débiles resultados logrados en los últimos ocho años. De hecho, la asistencia social tiene impacto duradero y no se queda en mera transferencia de recursos cuando contribuye a mejorar el acceso de la población a los servicios universales de salud y educación. Ese es el sentido de la condicionalidad o corresponsabilidad: proveer un incentivo a la asistencia escolar o a la atención en salud. Pero si estos servicios son precarios, como es el caso dominicano, la asistencia no se transforma en conocimiento o en mejor salud. Termina siendo, como se dice popularmente, “puro asistencialismo”.
Una cuarta lección es que el bienestar duradero no sólo depende de una política social que proteja, prevenga, y ayude a curar y a educar. También de una política económica que contribuya a crear empleos de calidad y a generar los ingresos familiares necesarios como para llevar una vida digna. Esto ha estado claramente ausente en los últimos años.
La política económica y la política social son dos piezas de una misma maquinaria, en donde el empleo es quizás su punto de encuentro más importante. Es por ello que ambas deben responder a los mismos objetivos.
